Maryland y el DC demandan ahora a Trump por corrupción
Los fiscales demócratas ven ilícito que el presidente siga enriqueciéndose Está claro que la estrategia del Partido Demócrata para recuperar el control del Senado en las elecciones de medio mandato previstas para noviembre del 2018 implica desgastar la figura del presidente forzándole a dedicar sus energías a defenderse en los tribunales y en el Congreso de diversas conductas aparentemente ilegales. Con el Rusiagate monopolizando prácticamente la actualidad política, los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia (DC) se han conjurado para que Donald Trump no levante cabeza y han presentado una demanda contra el presidente acusándole de cometer corrupción al enriquecerse, ilícitamente según ellos, con dinero procedente de gobiernos extranjeros.
Los fiscales Karl A. Racine, del Distrito de Columbia, y Brian E. Frosh, de Maryland, que presentaron ayer su iniciativa, denuncian “violaciones constitucionales sin precedentes”, a su juicio cometidas por el presidente al no haberse desprendido de la propiedad de sus empresas.
El texto de la demanda señala que al mantenerse como propietario de sus empresas, el presidente se ve “profundamente implicado con una legión de actores gubernamentales nacionales y extranjeros”, lo que en opinión de los fiscales socava la integridad del sistema político de Estados Unidos.
“Es fundamental para que un presidente se mantenga fiel a su juramento que desconecte sus finanzas privadas de las de los poderes nacionales y extranjeros, y nunca antes un presidente actuó con tal indiferencia respecto a esta prescripción constitucional”, subrayan los fiscales. Uno de los negocios de Trump señalados como más beneficiados por el hecho de pertenecer al presidente es el hotel internacional Trump de Washington DC, ubicado en la antigua sede de correos, en la misma avenida Pensilvania, a pocas manzanas de la Casa Blanca, que se ha convertido en el establecimiento preferido para delegaciones internacionales.
Delegaciones de Kuwait, Arabia Saudí, Turquía o Georgia han celebrado reuniones en el hotel y los grupos críticos con Trump alegan que no queda claro si estos gobiernos extranjeros eligieron contratar ese hotel por su buen servicio, para quedar bien con el presidente o esperando alguna contrapartida.
La Constitución estadounidense permite al presidente continuar con su actividad privada y es casi inmune al conflicto de intereses, pero precisamente para evitar la influencia de poderes extranjeros, los redactores de la Constitución decidieron “prohibir” a “cualquier persona que ocupe un empleo remunerado u honorífico” aceptar “ningún regalo, emolumento, empleo o título, de cualquier clase que sea, de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero”. Los fiscales de Maryland y el Distrito de Columbia se centran en la cláusula de los emolumentos para la demanda contra Trump.
Es la primera vez que Trump recibe una demanda personal procedente de administraciones públicas, pero antes ya habían demandando al presidente un colectivo de activistas denominado Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, y también el propietario de un restaurante de la capital estadounidense que se considera per-
La estrategia de los fiscales persigue forzar al presidente a hacer pública su declaración de impuestos
judicado por la competencia desleal que, a su juicio, le supone un establecimiento cercano tan identificado con el presidente de Estados Unidos.
En el fondo, lo que los abogados demócratas persiguen no es tanto ganar el pleito como forzar a Donald Trump a hacer pública su declaración de impuestos, el gran tabú que se arrastra desde la campaña electoral. Trump es el único candidato a la presidencia de Estados Unidos del último medio siglo que se ha negado sistemáticamente a mostrar su declaración de impuestos. Después de ganar las elecciones, Trump dijo que no mostraba sus impuestos porque los votantes no lo habían considerado necesario para confiar en él.
Los fiscales Racine y Frosh intentarán que un juez federal admita a trámite su demanda, y ya han anunciado que si lo consiguen, lo primero que harán será pedir copias de las declaraciones de impuestos de Trump para comprobar los ingresos que recibe del extranjero.
La Casa Blanca reafirmó ayer la legalidad de la actividad de las empresas propiedad de Trump y de la relación del presidente con sus negocios, y atribuyó las demandas presentadas a la estrategia partidista de los demócratas.