Luz sobre el caso del Banco Popular
LA adquisición del Banco Popular por el Santander, al precio simbólico de un euro, fue presentada la semana pasada como una primera y satisfactoria aplicación del Mecanismo Único de Resolución, bajo tutela del Banco Central Europeo. Dicho mecanismo, ideado para acotar los riesgos de las crisis bancarias, permitió salvaguardar los intereses de los depositantes y de los acreedores ordinarios, así como evitar la utilización de recursos públicos y abortar desequilibrios en el sector bancario. De ahí que la operación fuera calificada de satisfactoria. Pero también es cierto que no fue positiva para los accionistas de la entidad, que perdieron sus inversiones en el lance. En los últimos días se han presentado en la Audiencia Nacional querellas contra la liquidación del Popular, impulsadas por los accionistas perjudicados.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiso comparecer ayer ante la comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el caso. Su línea argumental volvió a centrarse en que la crisis del Popular se había solventado de manera “rápida y eficaz”, sin coste para los contribuyentes.
Guindos no dudó en calificar ayer al Popular de “banco zombi”, comparándolo con los muertos andantes que pueblan algunas películas de terror: seres que conservan apariencia de vivos pero, de hecho, no lo están. Al decir del ministro, esa habría sido la condición del Popular en sus últimos tiempos. Y fue esa condición y la inhabilidad de los gestores del banco para revertirla lo que criticó ayer el ministro, aun sin hacer alusiones nominales. En concreto, Guindos lamentó la falta de un plan específico para reflotar el banco, que a su entender debería haber acompañado sus operaciones de ampliación; la última, registrada hace justo un año. Para entonces, la salud real de la entidad era ya delicada, a pesar de que sus directivos negaron, como volvieron a hacerlo hace apenas un mes, que estuviera en puertas de la quiebra o la venta.
Es probable que la resolución adoptada, sin ser perfecta, fuera la mejor para el Popular. Sobre todo, si tenemos en cuenta que previamente fracasaron otras tentativas y que, a principios de junio, las retiradas de fondos eran continuas y dañaron su liquidez y, al fin, a sus accionistas. Pero es obvio que la caída del Popular tiene, además de damnificados, responsables.
Entre estos últimos están los altos ejecutivos del banco. Empezando por los que, hace ya más de un decenio, lo expusieron a los peligros del sector inmobiliario; ejecutivos que en parte fueron también los que en los ejercicios finales recurrieron a menudo a las ampliaciones de capital para combatir la debilidad contable y, a la postre, colocaron el banco en el camino sin retorno de una severa depreciación bursátil. Ahora bien, las responsabilidades no terminan aquí. Por eso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha pedido explicaciones a la compañía auditora del Popular, que aprobó las cuentas de la entidad del 2016. Y que convendrá revisar los criterios de supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al dar por buenas tales cuentas.
Es importante que estos controles se lleven a cabo de modo riguroso, y que se clarifiquen todos los detalles del percance. Sólo así se podrán atribuir responsabilidades. Y, más importante si cabe, sólo así se reparará la plena confianza en el sistema bancario.