La OCU se querella contra los antiguos gestores del banco
El frente judicial por la crisis del Banco Popular empieza a poblarse de iniciativas. La OCU presentó ayer en la Audiencia Nacional una querella por supuestos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores contra el expresidente de la entidad, Ángel Ron; el exconsejero delegado, Pedro Larena; el exvicepresidente, Roberto Higuera, la firma auditora PwC , y el socio de la firma, Francisco Ramos. Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, explicó que la querella se presenta en nombre de más de 9.500 pequeños inversores que han acudido a su organización al tener conocimiento de que han perdido el dinero que habían empleado en la adquisición de acciones del Popular.
El juez que se va a encargar del asunto es Fernando Andreu, el mismo que ha investigado sobre la crisis de Bankia. Entre los impulsores de la querella de la OCU se encuentra, por otra parte, el letrado Felipe Izquierdo, en una doble condición, la ya mencionada de abogado y al propio tiempo la de perjudicado, ya que la intervención del Popular y su adquisición por un euro por el Santander le ha supuesto la pérdida de 20.000 euros que tenía invertidos en acciones. Izquierdo subrayó que durante el mandato de Ángel Ron al frente de la entidad los accionistas perdieron un 97% de su inversión. Izquierdo criticó la actuación de la CNMV y del Banco de España en este asunto, en el primero caso porque “nunca llega a tiempo” y en el segundo porque “ya le ocurrió algo parecido con Bankia”.
El abogado Eliseo Martínez, firmante a su vez de la querella, manifestó por otra parte que la querella no se refiere a los 24 millones de euros de pensión que recibirá Ángel Ron tras su cese, salvo que la entidad le haga responsable de crear con su actuación un perjuicio directo para la entidad. Al respecto, Izverniceanu subrayó que las cuentas del Popular no eran correctas cuando el año pasado decidió una ampliación de capital cuyo folleto, aprobado por la CNMV, no reflejaba a su juicio de manera fidedigna la situación de la entidad. Hay que tener en cuenta que a principios del pasado mes de abril el banco reconoció que una auditoría interna había detectado deficiencias financieras en relación con la ampliación de capital que propició la dimisión del consejero delegado.
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid