El fiscal teme que la querella por las urnas encalle
La pregunta y la fecha del referéndum también acaban en el TSJC
La Fiscalía Superior de Catalunya presentó ayer un escrito en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el que subraya la falta de respuesta judicial a la querella presentada el pasado 16 de mayo contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el secretario general de su departamento, Francesc Esteve, por el acuerdo marco dirigido a la adquisición de urnas por parte de dicho departamento del Govern.
El escrito, que se formula como ampliación de la querella, subraya que en los últimos días se han sucedido “determinados acontecimientos”, como el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, que refuerzan la tesis sostenida en la querella, en cuanto a que la iniciación de los trámites para la adquisición de las urnas (...) no tiene otra finalidad que la de utilizarlas en la realización del aludido referéndum para la secesión”.
La iniciativa de la Fiscalía, acordada entre la Fiscalía General del Estado y la Superior de Catalunya, obedece a la preocupación surgida por la falta de actuaciones del TSJC desde la presentación de la querella, hace casi un mes. El objetivo, por tanto, es dar más razones por las que desde la Fiscalía se estima que las acciones puestas en marcha por la Generalitat para la adquisición de urnas entraña una desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ilegalidad del referéndum en Catalunya.
La falta de respuesta a la querella ha despertado cierta inquietud en la Fiscalía sobre la posibilidad de que pueda ser inadmitida en todo o en parte. En especial, en lo que atañe a la propia consellera, en la medida en que no adoptó directamente resoluciones administrativas relacionadas con la adquisición de urnas, que en todo caso sí corresponden a su departamento. La Fiscalía es consciente de que la falta de una “resolución jurídicamente valorable” que acredite oficialmente que la adquisición de las urnas servirá, en efecto, para la celebración del referéndum debilita la carga acusatoria y obliga al TSJC a decidir sobre las intenciones del Govern y no sobre los hechos. De ahí, que en el texto inicial de la querella para sustentar su tesis, los fiscales aportaron infinidad de noticias de medios de comunicación que recogían las manifestaciones públicas de responsables del Govern afirmando con rotundidad que el referéndum se celebraría.
“La Fiscalía y el Estado llegan al límite de lo absurdo” al incluir en la querella “una fecha y una pregunta sin ningún documento formal donde agarrarse”, arreó ayer el portavoz de JxSí, Roger Torrent.
Con la ampliación de la querella la Fiscalía persigue, por tanto, despejar cualquier duda que pudiera albergar el TSJC, y de ahí que en el escrito que presentó ayer subraye que cabe relacionar dicha adquisición de material con el anuncio realizado el pasado día 9 por el president de la Generalitat sobre su “firme voluntad, expresada con toda solemnidad junto al gobierno que preside y del que forma parte la querellada” Meritxell Borràs, “de llevar a cabo el aludido referéndum el próximo 1 de octubre, llegando a concretar la pregunta que someterán a los catalanes: ‘¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?”. A juicio de la Fiscalía, todo ello contrasta con el hecho de que, desde la presentación de la querella, no ha habido “pronunciamiento por parte del tribunal”.
La inquietud en la Fiscalía se acrecenta al comparar la lentitud con la que transcurre la querella por la licitación de las urnas con la velocidad de crucero con la que se instruye la causa contra Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa del Parlament. Hasta el viernes de la semana pasada no fue designada la juez que será la encargada de redactar la ponencia sobre la admisión a trámite de la querella, que proseguirá con el debate de la Sala Civil y Penal del alto tribunal. La magistrada designada es Mercedes Armas, que desde febrero ocupa una plaza de refuerzo en el TSJC procedente de la sección octava de la Audiencia de Barcelona, que, en una de sus últimas sentencias, condenó a Leo Messi.
La razón que esgrimen en el TSJC para contrarrestar el debate de la lentitud es la carga de trabajo que deben afrontar en un momento en que se han producido diversas bajas en la institución. La primera fue la de Joan Manel Abril, el juez instructor del 9-N que abandonó el TSJC para dedicarse en exclusiva a su cargo como presidente del Tribunal Superior de Andorra. Y la última fue la semana pasada con la jubilación del magistrado Enric Anglada, plaza que todavía no está cubierta.
La juez Armas, pues, de trabajo discreto, prestigio profesional entre los miembros de la carrera y fama de expeditiva, será la instructora de investigar la causa si finalmente prospera la querella de la fiscalía. Por si hubiera alguna duda, los fiscales también remarcaron, en el texto ampliatorio de ayer, que el camino emprendido por la Generalitat hacia el referéndum está en marcha al haber ya dos empresas que han concurrido en el procedimiento de licitación para proveer las urnas.
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