Sentencia unánime
La sentencia denuncia que no se garantizó un “juicio equitativo” ante el Supremo
El Tribunal de Estrasburgo condena a España por vulnerar un artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos en el caso del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa.
RAFAEL POCH ÀLEX TORT
París / Barcelona El expresidente vasco dice que “se quiso hacer arrodillar a una institución nacida de la voluntad popular”
En una sentencia unánime, el Tribunal de Estrasburgo condenó ayer a España por vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos. La sentencia reconoce que Juan Maria Atutxa, a la sazón presidente del Parlamento vasco, y los exmiembros de la Cámara, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr Mendiola vieron vulnerados sus derechos a la defensa cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en el 2008 por negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, la marca electoral de la disuelta Batasuna.
La sentencia no cuestiona el fondo de la decisión sino el modo en que fueron condenados por el Tribunal Supremo, sin escuchar a los acusados. Los tres imputados fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pero la organización ultra Manos Limpias recurrió ante el Tribunal Supremo que decidió condenarles con una sentencia que obtuvo la oposición de cinco de los doce magistrados del tribunal.
Ahora, la condena de el Tribunal europeo se basa en que los imputados no tuvieron la oportunidad de defenderse y presentar sus argumentos ante los magistrados. “El Tribunal Supremo dedujo la existencia de una intención de parte de los requirientes sin tomar en cuenta su testimonio”.
Los tres imputados fueron condenados a una pena de diez a 18 meses de inhabilitación, una multa de 100 euros y 18.000 euros de costes. Ahora el Estado deberá pagarles un euro a cada uno, exactamente la indemnización que pedían.
Atutxa se felicitó ayer de la sentencia, que repara, dijo, “un atropello brutal”. “Es un regalo”, añadió, pues “se pretendió hacer arrodillarse a una institución, el Parlamento vasco, nacida de la voluntad de un pueblo”, señaló. “Para nosotros es un día de enorme satisfacción porque la verdad se ha impuesto, y la dignidad institucional de aquel Parlamento que tuve el honor de presidir en aquellas épocas, no se ha dejado pisotear”, concluyó. Los interesados deberán ser indemnizados con un euro, la cantidad por ellos exigida, y el Estado español deberá pagar los 600 euros de costas del proceso.
Con todo, hubo quien vio ciertos paralelismos con la cuestión catalana y las posibles inhabilitaciones que se ciernen sobre los miembros de la Mesa del Parlament, en especial su presidenta, Carme Forcadell, quien razonó que la sentencia de Estraburgo es “el ejemplo más claro” de que los tribunales no sirven para solucionar los problemas políticos. Desde el Govern, Neus Munté fue más allá y afirmó que la resolución europea es un aviso “a los aficionados a las querellas” e insistió en la “baja calidad democrática” del Estado español. Junts pel Sí y la CUP secundaron esta idea, al contrario del PSC o el PP en Catalunya, que se afanaron en aclarar que no hay ningún paralelismo entre la situación en Catalunya y la sentencia sobre el expresidente del Parlamento Vasco.
El Gobierno de Mariano Rajoy también reaccionó. Lo hizo a través de un comunicado y señalando que el TEDH pone en duda las formas, pero no el fondo. De hecho el gabinete asegura que lo dictaminado por el tribunal europeo no supone que “no hubiera podido dictarse” en su día una sentencia condenatoria por el Supremo por desobediencia, sino que “simplemente que habría sido o será necesaria celebrar una vista con práctica de prueba testifical de los acusados antes de hacerlo”.