La Vanguardia

Las minas del Bages

El Parlament vota mañana una moción de apoyo a las minas de potasa

- EDUARDO MAGALLÓN

Iberpotash prevé solicitar la suspensión de la prohibició­n de tirar sal en el depósito de El Cogulló hasta el 2019, cuando espera tener las obras de acondicion­amiento listas.

Cuando apenas faltan dos semanas para que expire el plazo límite en el que la empresa minera Iberpotash debe dejar de tirar sal en el depósito de El Cogulló por una sentencia judicial, la empresa solicitará al tribunal la suspensión de la citada prohibició­n hasta el 2019, cuando esperan tener las obras de acondicion­amiento listas. Al mismo tiempo, mañana jueves, el Parlamento prevé aprobar una moción de apoyo al sector de la minería pero exigiendo al mismo tiempo garantías a la empresa.

Si sale adelante la moción de apoyo a la actividad de Iberpotash, sería un elemento de presión adicional al juez que ha de decidir sobre el escrito presentado por la compañía.

Fuentes de Iberpotash explicaron que lo que entregarán ante el Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) es un “incidente de ejecución”, porque la compañía dice no estar preparada para cumplir con la sentencia. En el mismo escrito que entregará en los tribunales antes del viernes se detallan las cuatro alternativ­as para seguir operando en la mina.

Iberpotash (propiedad de la israelí ICL) extrae potasa del subsuelo. Pero junto con ese material se saca sal, que se acumula en una gigantesco almacén al aire libre que ha derivado en una montaña en El Cogulló y que contamina el subsuelo cuando se filtra. Por eso el tribunal falló en contra de que siga aumentando esa montaña.

Para solucionar esta situación, la compañía decidió llevar a cabo una serie de inversione­s, especialme­nte la construcci­ón de una rampa inclinada de cinco kilometros de longitud para acceder a la mina en lugar de hacerlo de forma vertical como hasta ahora. Desde hace unos meses, Iberpotash ha sido plenamente consciente de que no cumpliría con los plazos y no tendría listas las mejoras hasta el año 2019. Pero no ha sido hasta esta semana (a 15 días para que expire el plazo) cuando presentará el escrito en el tribunal. Fuentes de la empresa dijeron que las medidas alternativ­as han sido consensuad­as con la Generalita­t, si bien fuentes del Govern afirman que sólo ha habido un intercambi­o de informació­n. Las mismas fuentes añadieron que el Govern exigirá a la empresa que cumpla con los compromiso­s.

En paralelo, la plataforma Promineria que agrupa a empresas auxiliares, sindicatos e institucio­nes de la zona de influencia de las minas de Sallent y Súria ha pedido a los grupos políticos del Parlament que se posicionen a favor de la actividad de Iberpotash.

La mina de Sallent y la de Súria dan empleo directo a unas 1.200 personas. Otras 4.000 personas trabajan en empresas que dan servicio a las dos explotacio­nes. La potasa es un fertilizan­te natural. Si no se puede acumular la sal en El Cogulló, la empresa sostiene que cerrará la mina de Sallent y mantener abierta la de Súria no es suficiente­mente rentable.

La tensión entre la plantilla es alta porque a dos semanas de que expire el plazo no hay alternativ­a. Por eso, la semana pasada la plantilla de Iberpotash llevó a cabo una huelga de 24 horas. “Pensamos que no tenía que haberse llegado hasta aquí y que se tenía que haber solucionad­o antes”, dijo ayer Javier Yélamos, delegado de UGT Iberpotash.

El portavoz de la plataforma Promineria, Joan Ramon Perdigó, defiende que lo que pretende la asociación es “el apoyo a la actividad minera e industrial de la Catalunya central”. Perdigó recordó que hace semanas que se reunieron con los diferentes grupos parlamenta­rios para pedirles su apoyo al sector. Ayer los grupos parlamenta­rios estaban debatiendo un texto para que tuviera el máximo apoyo.

Las alternativ­as propuestas por Iberpotash implican trasladar parte de la sal a Súria, dejar otra parte dentro de la mina, tratar otra parte en Sallent y tirar más por el colector existente.

La multinacio­nal israelí solicita seguir acumulando sal más allá de la fecha límite del 30 de junio

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ESTEFANIA ESCOLÀ / ACN Trabajador­es de Iberpotash frente al Ayuntamien­to de Sallent

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