El gran engaño
El president Puigdemont ha anunciado la fecha y la pregunta del referéndum “de independencia” que se propone convocar el próximo agosto. Asimismo ha insistido –como también se ha hecho desde su entorno– en su proclamada voluntad de dialogar con el Gobierno del Estado, a la búsqueda de una solución pactada del contencioso existente. Todo ello merece un comentario, que no escribo al calor de la sorpresa que surge ante lo imprevisto, sino con la frialdad de quien contempla un desenlace fatal mil veces anunciado. Dos son los puntos que deseo comentar:
Primero. Este referéndum unilateral “de independencia” infringe la Constitución y quiebra, por tanto, el Estado de derecho. Un Estado de derecho, por cierto, en el que se incardinan todas las instituciones catalanas, incluida la Generalitat, y en el que se fundamenta y legitima el poder que ejercen todos los cargos públicos catalanes, comenzando por el president Puigdemont. La justificación que los independentistas dan a este salto en el vacío se funda en que “se pasa de la ley a la ley”. Pero no es un tránsito como el de la transición –promulgándose la nueva ley con observancia estricta de los requisitos exigidos por la ley vieja para su reforma–, sino sustituyendo a la brava la vieja ley por la nueva, de modo que no haya vacío legislativo ni una sola décima de segundo. Se insiste en este peregrino argumento temporal –“no habrá vacío”– como si se tratase de la filigrana jurídica más fina que han visto los siglos, una maravilla sólo al alcance de talentos preclaros y de iniciados en los arcanos del procés.
Segundo. Este anuncio de la futura convocatoria del referéndum (una de freda )ha ido precedido, desde hace ya tiempo, por una insistente exhibición de voluntad de diálogo con el Gobierno del Estado por parte del president Puigdemont y demás líderes nacionalistas (una de calenta). Ahora bien, este diálogo, que se ha presentado como la expresión de una voluntad transida de espíritu democrático, no podría tener por objeto la celebración del referéndum –que habrá de llevarse a cabo “sí o sí”–, ni su fecha, ni el contenido de la pregunta. El diálogo tan sólo podría recaer sobre aquellas modificaciones del estatus vigente que el Gobierno del Estado estuviese dispuesto a aceptar para que una parte de los sedicentes independentistas cambiasen el sentido de su voto y decidiesen que, gracias a los cambios pactados, les conviene más seguir en España.
Ambos hechos me parecen los dos actos de una misma comedia. Para que se me entienda, recuerdo que –a comienzos de los ochenta– un colega donostiarra me dijo: “En el PNV hay que distinguir tres niveles: el de los dirigentes, que son independentistas pero saben que no puede ser; el de los militantes, que son independentistas y no saben que no puede ser; y el de los votantes, que se limitan a vivir en un estado de exaltación cordial”. Pues bien, llegado el momento de la verdad, pienso que a buena parte de los dirigentes nacionalistas catalanes les sucede lo mismo: que son independentistas pero saben que no puede ser. Al menos, por ahora. Y, por consiguiente, todos sus movimientos se encaminan a salir del atolladero en que ellos mismos se han metido con la ayuda inestimable –también hay que decirlo– del Gobierno del Estado, en el que no se sabe qué ponderar más: si su estólida y soberbia impavidez ante el desafío, su falta de percepción real de las dimensiones del problema, su pereza mental para alumbrar fórmulas políticas de entendimiento o su constante falta de coraje, puesta de relieve mediante la permanente elusión del conflicto al derivar su resolución a los jueces.
Pero pese a la gran responsabilidad que incumbe al Gobierno del Estado por la gravedad de la situación creada, en ningún caso mayor que la del Govern de la Generalitat, aquel no puede hacer otra cosa que impedir la celebración del referéndum anunciado, usando para ello los recursos que el ordenamiento jurídico le ofrece y que deberá emplear con criterios de proporcionalidad, moderación y prudencia, así como con la convicción de que, al día siguiente de que la situación haga crisis, unos y otros habremos de seguir adelante y s’hauran de recollir els plats trencats. Pero si –lo que es inimaginable– el Gobierno del Estado se aviniese a dialogar bajo la presión de un referéndum ilegal, se convertiría en cómplice de la voladura del Estado de dere-
El diálogo sólo será posible después de las inevitables elecciones convocadas tras la frustración del referéndum
cho. Algo a lo que no está dispuesta en ningún caso la práctica totalidad de las fuerzas políticas españolas, quizá con la excepción de aquella cuyos líderes pretenden la subversión revolucionaria de todo el sistema.
El diálogo sólo será posible después de las inevitables elecciones convocadas tras la frustración del referéndum. Hasta entonces, el anuncio de este y la oferta de diálogo proclamada no son sino dos manifestaciones más del “gran engaño” –con permiso de Burnett Bolloten– que ha imperado en la política catalana durante los últimos años, al impulsar los dirigentes nacionalistas un proceso de independencia que sabían y saben que no conduce a ninguna parte.