Un niño y una embarazada de 9 meses, desahuciados
Eva, embarazada de 9 meses, que ya ha salido de cuentas y en cualquier momento puede dar a luz, es la última desahuciada de Barcelona. Ella, su hijo de 9 años y su marido, que acaba de descubrir la terrible verdad de eso que instituciones como Càritas o la Cruz Roja denuncian desde hace tiempo: tener un empleo ya no es suficiente antídoto contra la miseria.
Como cada mañana, Eva llevó ayer a su hijo al colegio. Al regresar a su casa –un local comercial reconvertido en vivienda, en la confluencia de las calles Gayarre y Leiva, en Sants– se encontró con cinco furgonetas de los Mossos y la cerradura cambiada. Según Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un juzgado ordenó el desalojo “sin previo aviso” y sin ponerse en contacto con el Ayuntamiento, que ya estaba al tanto del caso de esta familia.
Los servicios sociales municipales confirman que no habían sido alertados. Representantes de esta área, de la concejalía del distrito y del Centre d’Urgències i Emergències Socials llegaron cuando ya era demasiado tarde. Eva logró sacar un par de bolsas con la comida de la nevera y algunas pertenencias. El propietario ha pactado con ella que un día de la semana que viene le permitirá entrar para retirar todas sus propiedades. Para entonces, ya habrá vuelto a ser madre y la tarea deberá recaer en otras manos.
“Si es emocionalmente muy duro afrontar un desahucio del que estás avisado, imagínate cuando no sabes nada y encima estás a punto de dar a luz”, explica Carlos Macías. El Ayuntamiento, que trabaja para buscar una solución definitiva, ofreció ayer alojamientos temporales, pero la mujer se sobrepuso al evidente estado nervioso en que se hallaba y prefirió irse de momento con unos familiares. Lo hizo así para que la pérdida del hogar no sea tan traumática para su hijo, que se fue al cole sin saber nada.
La familia firmó un contrato de alquiler en octubre del 2014 con un particular. A pesar de que ella no trabaja y él tiene un empleo inestable, pagaban sin excesivos problemas los 650 euros de la mensualidad. Sólo se retrasaron una vez, en el 2016, pero se pusieron en contacto con la alcaldía y recibieron una ayuda de urgencia para el pago del alquiler. Sin embargo, diez días después recibieron una citación para un juicio. El propietario instaba el desalojo por morosidad, como permite la última reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aunque sea una morosidad tan limitada, de un único recibo.
La PAH ya logró paralizar el desalojo hace unos meses. Ayer no pudo porque se enteró de todo con los hechos consumados. La familia debería haber recibido una notificación con acuse de recibo. El juzgado también debería haber informado a los servicios sociales, y más en un caso tan flagrante de vulnerabilidad, pero no lo hizo. Xavier Trias ya firmó durante el anterior gobierno municipal un acuerdo de colaboración con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que “se quedó en papel mojado”, según la PAH.
El Ayuntamiento reclama desde hace un año otro convenio más efectivo. Sucesos como este hacen más necesario que nunca un protocolo para pactar los tiempos de aviso previo de los desahucios. El drama de Eva no es aislado. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cada día se producen en la provincia de Barcelona 26 desahucios, el 75% por impago del alquiler. El próximo lunes, sólo en la capital, hay previstos tres. El jueves, apenas 24 horas antes de que esta familia se quedara en la calle, la PAH evitó in extremis un caso idéntico y aplazó el desalojo de una mujer que vive en unos bajos con sus dos hijos menores de edad.
Cada día se producen en la provincia de Barcelona unos 26 desahucios, según el CGPJ; el último revela el alcance del drama
El juzgado instó el desalojo sin avisar antes a la familia ni a los servicios sociales del Ayuntamiento