El cómplice más leal del delincuente
Una laguna judicial impide obligar al sospechoso de un delito a desbloquear su teléfono o facilitar el código personal
Si un conductor es interceptado al volante de un vehículo y un agente le pide que sople en un etilómetro, está obligado a acatar la orden, aun sabiendo que someterse a esa prueba es autoinculparse, una declaración contra uno mismo. La mayoría de los conductores son plenamente conscientes, si aceptan someterse a un test de alcoholemia después de beber, que ese etilómetro les va a delatar. Pero la ley es muy clara en estos casos. Aquel que se niegue a someterse a un control de alcoholemia o drogas incurrirá en un delito de desobediencia.
Podría pensarse que lo mismo ocurre cuando un agente o un juez ordena al dueño de un teléfono o cualquier otro aparato tecnológico a facilitar su contraseña personal para tener acceso al dispositivo. Si esa persona es consciente de que en ese aparato almacena fotos, vídeos o mensajes que le implican en un delito, facilitar esa contraseña es lo mismo que confesar voluntariamente los hechos. Pero aunque ambas situaciones son prácticamente calcadas, la respuesta de la ley en el caso de los teléfonos nada tiene que ver con lo previsto en el Código Penal para las alcoholemias o los tests de drogas.
Las contraseñas personales son sagradas. Y eso ha convertido a todo aparato tecnológico dotado de un cifrado para desbloquearlo en el mejor aliado del delincuente. Ninguna norma establece la obligación del dueño de un teléfono a facilitar el acceso a terceras personas de la información almacenada y guardada en ese aparato. Por lo tanto, los delincuentes, muchas veces delatados por la posición de esos aparatos, están amparados, en lo que se refiere a la información guardada en los teléfonos, por un principio muy básico: nadie está obligado a declarar contra sí mismo. El debate, con el tema de las contraseñas, está ahora más vivo que nunca con diferentes procesos judiciales en curso en Estados Unidos.
Y las decisiones dictadas hasta la fecha por jueces o fiscales son dispares. Mientras unos consideran que no se vulnera ninguna norma constitucional cuando se obliga a un sospechoso a desbloquear su teléfono, otros sostienen que el castigo judicial por esta negativa no está tan claro. Estos últimos ven muchas lagunas en la ley.
Hay, sin embargo, una tercera vía que aún complica más las cosas. Al dueño de ese aparato siempre le queda la estrategia del “no me acuerdo de la contraseña”. Y llegados a ese estadio es muy difícil para cualquier juez valorar si esa excusa, por muy increíble que resulte, es o no cierta. Ante la duda, el beneficio siempre jugará en favor del reo.
En uno de los casos que ahora se están juzgando en Estados Unidos se ha sentado en el banquillo de los acusados a un hombre de 41 años de Hollywood al que un juez acaba de condenar a 180 días de cárcel por negarse a facilitar la contraseña personal de su teléfono móvil. Este magistrado, de Broward, ha considerado que esa negativa (el inculpado facilitó una combinación de números que funcionó) es constitutiva de un delito de desacato. El acusado, Christopher Wheeler, es sospechoso de abusos de menores. El juez está convencido de que en su teléfono guarda vídeos y fotografías de las víctimas. Pero esas pruebas no se han podido aportar a la causa al resultar imposible, para los técnicos, desbloquear al teléfono que la policía incautó al hombre en el momento de su detención.
Mientras Wheeler era encarcelado en Hollywood, en un juzgado de Miami dos personas acusadas de extorsionar con vídeos sexuales a una famosa youtuber (YesJulz) tenían mucha más suerte que ese supuesto pederasta, pese a enfrentar-
RESOLUCIONES DISPARES La falta de una norma clara provoca fallos diferentes para casos prácticamente iguales UNA DESOBEDIENCIA En Hollywood un juez condena por desacato a un hombre que se negó a dar su contraseña UNA ABSOLUCIÓN En Miami otro juez dejó sin castigo la negativa de dos acusados a dar esa misma información
se a un caso idéntico. El juez de Miami también ordenó a Wesley Victor y a su novia Hencha Voigt a facilitar sus contraseñas para certificar que habían usado sus teléfonos para cometer esa extorsión sexual. Sostenía ese juez que facilitar esos números para desbloquear los apartos es lo mismo que “entregar la llave de una caja fuerte de seguri- dad”. Y por lo tanto entendía que los sospechosos estaban obligados a facilitar el acceso a esas pruebas, aun sabiendo que con ese paso se van a delatar. Pero Víctor y Voigt jugaron con la estrategia de la tercera vía. Facilitaron una serie de números, en un intento para demostrar su voluntad de colaboración, que dijeron que se correspondían con sus contraseñas. No funcionaron y, al informarles de que no eran correctos, aseguraron que habían olvidado la combinación de ese cifrado numérico. El magistrado los amenazó con condenarlos por desacato, como hizo el juez de Hollywood, pero al final dio marcha atrás. Pese a dudar de la veracidad del olvido argumentado por los acusados, aceptó la excusa como buena. El fallo recoge que es imposible determinar si dicen o no la verdad. Así que el proceso judicial continúa en el caso de Miami sin haberse podido obtener la información guardada en esos teléfonos, en poder la de la policía. Ahora se está a la espera, en EE.UU., de que el asunto llegue a las cortes supremas. Es la única manera de sentar jurisprudencia y aunar criterios.
Así que el teléfono protegido con contraseña puede considerarse hoy, mientras la ley no diga lo contrario, como el cómplice más leal, silencioso y discreto de cualquier delincuente en aquellos casos en los que la condena dependa de la información almacenada en ese aparato. Lo que choca con la función delatora que también puede desempeñar esos dispositivos tecnológicos como se ha demostrado en infinidad de casos, al ayudar a fijar la posición de sus propietarios, prueba determinante para poderles imputar un delito. Pero esa es otra historia.