Diálogo en los campus
El Govern y la comunidad universitaria se fijan como plazo septiembre del 2018 para cerrar un nuevo modelo de educación superior.
El Govern y universidades se dan un año para lograr un nuevo acuerdo financiero
El pacto nacional de la enseñanza superior abre un diálogo entre todos los agentes El Govern ha creado un espacio de debate para que la Administración y la comunidad universitaria –rectores, sindicatos, presidentes de consejos sociales, grupos parlamentarios y estudiantes– reflexionen y acuerden antes de septiembre del 2018 un nuevo modelo universitario que consensúe asuntos como las tasas de matriculación, becas, gobernanza, estabilidad de plantillas y financiación de las universidades.
El nuevo “pacto nacional para la universidad” es una exigencia del Parlament, recogida en la ley de presupuestos (4/2017) y está enmarcado en un clima de protestas por parte de estudiantes, profesores y rectores que cuestionan la sostenibilidad de un modelo que no ofrece tasas baratas para los jóvenes ni garantiza la estabilidad del personal ni realiza las inversiones necesarias para mantener un modelo de calidad.
Asimismo, se suma a los dos procesos de participación de la comunidad educativa convocados por administraciones públicas: el debate sobre la educación obligatoria
Ara és demà, que está a punto de publicar sus conclusiones, y el pacto nacional por la educación constituido por el Ministerio de Educación.
El nuevo pacto, presentado por el conseller de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, cuenta con un amplio consenso. Firmaron todas las universidades catalanas, públicas y privadas, los presidentes de los consejos sociales, seis grupos parlamentarios, los sindicatos UGT y CC.OO., el Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (Ceucat), 16 expertos de ámbito universitario –como el exconseller de Economia Andreu Mas-Colell, el ex rector de la UB Dídac Ramírez, el ex secretario de Estado Màrius Roviralta o el sociólogo Salvador Cardús– y otros organismos. El próximo 12 de septiembre se firmará el acuerdo de Govern y tres días después se constituirá la mesa plenaria, con cuatro grupos de trabajo, que se reunirá cada dos meses hasta septiembre del 2018 en que se redactarán “sin perjuicio de acuerdos previos” las conclusiones generales.
Este pacto permite, según Baiget, “dotar al sistema de la máxima estabilidad y permitir que se mantengan los niveles de calidad alcanzados”. El debate afronta cuatro líneas temáticas entra las que destaca la configuración de un nuevo modelo de financiación que los rectores confían que se base en la autonomía Los campus confían en obtener más autonomía y más inversión, pasando del 0,88% al 1,22% del PIB de gestión con rendición de cuentas y en un notable aumento de la inversión pública pasando de un 0,88% del PIB actual al 1,22%, según dijo el presidente de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Jaume Casals que reiteró que las cotas de calidad no son sostenibles con los presupuestos actuales. También se debatirá el criterio de reparto entre los centros.
Otro aspecto resaltable es el precio de los estudios, sobre los que parece haberse descartado la gratuidad como objetivo de inicio, asumido incluso por el coordinador de Ceucat, Oriol Rivera, que dijo que no confiaba en una rebaja de los precios máximos a corto plazo, pero sí que aumentara del 25% al 50% los estudiantes con reducción de precio. Los rectores, por su parte, recordaron que las tasas forman parte del presupuesto universitario y el secretario de Universitats, Arcadi Navarro, añadió que “es normal y deseable que las rentas más altas paguen más que las bajas” por lo que, a su juicio, el debate no debe centrarse en la gratuidad, sino en la profundización del sistema actual. De hecho, el nuevo decreto de precios recogerá el recorte del 30% pedido por el Parlament, sólo a los ingresos más bajos. Varios agentes firmantes expresaron en privado la incertidumbre que puede crear el clima político el próximo otoño.