Las asociaciones judiciales piden el fin de los magistrados autonómicos

En la carrera judicial se detecta de nuevo gran malestar y mar de fondo. Se vuelve a hablar de una posible huelga de jueces. Y en este ambiente las cuatro asociaciones de la magistratura han dado a conocer una declaración conjunta en la que, entre otras reivindicaciones, plantean el fin de los magistrados de designación autonómica. El motivo es que dichas asociaciones consideran que tal vía de acceso a la carrera politiza la justicia y no contribuye a darle credibilidad, precisamente por su procedencia y las funciones que realizan en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

La petición de las asociaciones judiciales para la supresión de los jueces nombrados por las asambleas autonómicas no cae en el vacío. De hecho, el Gobierno ya hace tiempo que maneja la hipótesis de acabar con esta figura. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, nunca ha ocultado su deseo de cambiar la regulación legal que permite tales designaciones. De hecho, en su comparecencia del pasado 5 de diciembre en el Congreso, para explicar los planes de su departamento, ya aludió a la posibilidad de suprimir la figura de los magistrados de procedencia autonómica.

Con el sistema actual, la designación no es directa. Los Parlamentos autonómicos proponen tres nombres para un puesto en la Sala Civil y Penal de sus respectivas comunidades. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elige a uno de ellos. La polémica sobre esta figura existió desde el principio, pero se alimentó con hechos tales como que el magistrado encargado de la instrucción de la querella sobre el 9-N, Joan Manuel Abril, fuera de procedencia autonómica. La crítica, como en otros casos, no se dirigía contra la persona, sino contra el modo de acceso al cargo, en una instancia a la que corresponden por mera previsión legal casos particularmente delicados.

El portavoz de Jueces par ala Democracia, Ignacio González Vega, manifestó ayer a La Vanguardia a este respecto que en dicha instancia se juzga a los aforados, por lo que la presencia de magistrados de procedencia autonómica no ayuda a garantizar la necesaria “apariencia de imparcialidad”. Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) dijo a su vez que se tienen que reforzar los mecanismos en que no participan las fuerzas políticas, precisamente para evitar la imagen de politización de la justicia. Y subrayó que este objetivo es compatible con el reconocimiento de la profesionalidad de los magistrados de procedencia autonómica, porque lo que se critica es el sistema.

Raimundo Prado, portavoz de la asociación centrista Francisco de Vitoria, coincide en que no es lógico que un cargo político pueda llegar a ser juzgado por un tribunal en el que figure un juez al que ha contribuido a nombrar. Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente, considera a su vez que la separación de poderes se garantiza mejor sin una intervención política en nombramientos judiciales.

Una declaración conjunta de las organizaciones de jueces clama por despolitizar la justicia