Un conflicto enquistado
SÉPTIMA jornada de huelga en el metro de Barcelona. Ayer los usuarios volvieron a padecer los efectos de un conflicto enquistado. Por séptimo lunes consecutivo, y con un seguimiento situado alrededor del 90%, los empleados del metro hicieron huelga. Fue un paro con servicios mínimos. Pero, aun así, la atención al público se vio afectada de siete a nueve de la mañana, de las 16 a las 18 horas, y de las 20.30 a las 22.30 horas. En este último tramo horario, los servicios mínimos fueron sólo del 20%. Durante el día, a causa del paro, hubo esperas más largas sobre los andenes (algunos de ellos con acceso restringido para evitar aglomeraciones peligrosas), atascos de coches particulares en las calles de la ciudad –también en el área metropolitana–, retrasos en la llegada a los puestos de trabajo y otras molestias para los ciudadanos.
A los trabajadores de la empresa pública, como a los de la privada, les asiste el derecho a huelga. Pero a lo que no deben tender, ni ellos ni sus empleadores, es a eternizarla, cargando indefinidamente los costes inmediatos de su acción a los usuarios del metro. Incluso aceptando que algunas negociaciones son lentas, siete jornadas consecutivas de huelga sugieren, cuando menos, una flagrante incapacidad de las partes para dar con la solución al problema. Incapacidad y, al decir de algunos, falta de voluntad para hacerlo. De hecho, este conflicto se inscribe en una negociación del convenio colectivo que arranca en el 2015. Los trabajadores, atendiendo a sus intereses, comprensibles pero lesivos para muchos, programaron primero paros coincidentes con eventos en los que la necesidad de transportes públicos es superior a la cotidiana. Como por ejemplo el Mobile World Congress o el Primavera Sound. Y luego llegó esta sucesión de paros, lunes tras lunes.
Los entresijos de esta negociación no trascienden y la huelga sigue convocada indefinidamente para las semanas venideras. Quizás haya, pues, llegado el momento de urgir a unos y a otros a hallar una rápida solución al conflicto. Hacer pagar a los usuarios la propia incapacidad negociadora es un desatino, en primera instancia, y un abuso intolerable cuando la situación se prolonga más allá de lo aceptable. Varios partidos de la oposición municipal se expresaron ayer en este sentido. No hace falta militar en sus filas para darles la razón. Ni para reparar en que un conflicto tan prolongado, llevado con muy escasa transparencia, además de perjudicar a los usuarios está dando una pésima imagen del Ayuntamiento de Barcelona, responsable de Transports Metropolitans de Barcelona, y también de los trabajadores de esta compañía.