La UE insta a investigar las retiradas de fondos del Popular
Algunas comunidades y ayuntamientos se llevaron el dinero antes del rescate
La presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy, instó ayer a España a investigar las salidas de capital realizadas la víspera de la resolución del Banco Popular por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas. “Esto no está en mis prerrogativas, yo no puedo participar en ello, pero desde luego sí que hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos para ver si ha habido tráfico de información y si algunas instancias o personas han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes”, declaró Nouy ante las preguntas de los eurodiputados.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció la semana pasada en el Congreso que algunas comunidades y ayuntamientos retiraron “fuertes” cantidades de depósitos del Banco Popular, mientras que, por el contrario, la Seguridad Social mantuvo un saldo muy superior a la media registrada en los últimos meses. Ayer el diario Expansión publicó que los ayuntamientos de Barcelona y Madrid retiraron fondos antes del colapso del Popular. Fuentes del Consistorio barcelonés destacaron que la retirada de fondos de la entidad correspondieron con “los movimientos normales de tesorería entre entidades”. Las mismas fuentes no aportaron información sobre cantidades porque aseguraron que no se puede en virtud de las leyes sobre protección de datos. En cambio, el Gobierno de Canarias confirmó la semana pasada que entre el 2 y el 5 de junio se retiraron unos 632 millones de euros de las cuentas de la entidad.
Daniele Nouy declaró en el Parlamento Europeo que todo lo relacionado con la retirada de fondos “es una cuestión para que la justicia española y quizás las autoridades de mercado investiguen y tomen medidas si fuese necesario tomarlas”. La presidenta de la Junta de Supervisión quiso dejar claro que tras la intervención de Popular y su posterior venta al Banco Santander, ningún depositante perdió dinero y “todo el mundo fue protegido”, excepto si “los pequeños depositantes o los minoristas tenían acciones”.
Precisamente en relación con los accionistas y tenedores de deuda subordinada que han perdido su inversión con la resolución del Popular, Nouy reconoció que “seguramente” habrá “muchísimos litigios”, si bien precisó que, en su opinión, los pequeños inversores no deberían estar autorizados a comprar determinados productos.
“Respecto a la deuda subordinada y los cocos (bonos convertibles contingentes) (...) tienen un alto rédito en comparación con los bonos, y esto significa que las empresas y los clientes deben saber qué es lo que están comprando y los minoristas no deberían tener la autorización para comprarlos directamente porque si no, el rescate se vuelve mucho mas difícil”, explicó. De hecho, Nouy calificó esos instrumentos de “bastante peligrosos” y precisó que “te transforman en accionista del banco cuando está a punto de quebrar”.
No quiso contestar por motivos de “confidencialidad” en qué momento el Popular se quedó sin el ratio de liquidez exigido por las normas, lo que en última instancia supuso su inviabilidad. Señaló, sin embargo, que cuando un banco tiene problemas de liquidez que avanzan rápido es porque está “cerca de la crisis real” y puede ser “cuestión de días” declararlo en riesgo de inviabilidad.
Nouy se muestra contraria a que los pequeños ahorradores compren deuda subordinada y ‘cocos’