Sin sanciones hasta la fecha

La Generalitat cerca desde hace años a la plataforma de alquileres turísticos Airbnb por incumplir la ley del turismo que obliga a los operadores que oferten apartamentos turísticos a incluirlos en un registro sometido al control de la administración. En el 2014, el Govern interpuso una sanción de 30.000 euros a la compañía por permitir el alquiler de habitaciones. Airbnb recurrió la decisión y finalmente la justicia le dio la razón. Sin embargo, la resolución del conflicto está a expensas de que se resuelva un recurso del Govern ante el TJSC. En paralelo, en enero del 2015, la Generalitat ordenó la retirada de los pisos que ofrecían alquileres turísticos sin que estuvieran incorporados en el registro público. El caso está pendiente de resolución judicial, pero mientras tanto Airbnb solicitó poder seguir operando hasta que se dicte sentencia firme.