El Ayuntamiento detecta 200 casos de realquiler turístico ilegal
El caso de Montse Pérez, la mujer que ocupó su propio piso valiéndose de una reserva en Airbnb tras descubrir que su inquilino lo realquilaba sin permiso, ha permitido sacar a flote una realidad soterrada de Barcelona. Según los datos del Ayuntamiento, del total de expedientes abiertos contra pisos turísticos ilegales, entre un 10% y un 15% tienen que ver con los realquileres. Entre los meses de enero del 2016 y hasta abril de este año, el Ayuntamiento ha tramitado 2.015 órdenes de cese del alquiler que desarrollaban un uso turístico ilegal. Esto representa entre 200 y 300 casos de realquileres ilegales. En estas situaciones, el Ayuntamiento envía una notificación al propietario del inmueble informándole de que inicia un expediente contra él y luego este debe demostrar que el realquiler es obra de su inquilino.
Los pisos fraudulentos detectados están expuestos en su mayoría en plataformas digitales como Airbnb. Ayer, esta compañía emitió un comunicado para salir al paso de las críticas que le han surgido a causa de la inacción mostrada en el caso de Montse Pérez. Ayer, por primera vez ,un responsable de la compañía llamó a la afectada para disculparse por su actuación y para comunicarle las acciones que están emprendiendo para dar solución a situaciones como la suya. El responsable de la compañía no se libró de las críticas de Montse, que arremetió contra la compañía por el trato recibido.
En el mismo comunicado, Airbnb subraya que tiene un equipo interno para intentar detectar usuarios que realquilan su vivienda, que en la jerga de la compañía denominan “malos actores”, en referencia a los anfitriones que contravienen los términos de uso del servicio de Airbnb. La compañía recuerda, a pesar de que el Ayuntamiento tiene expedientados a 200 o 300 inquilinos, que es “una plataforma muy grande y puede que surjan algunos incidentes como este”, que intenta contrarrestar actuando de “forma rápida para solucionarlo”.
Pese a las buenas intenciones expresadas por Airbnb la realidad es que hay grupos que aprovechan para lucrarse a través de su plataforma con el realquiler turístico. Uno de los claros ejemplos salió a la luz a raíz del caso de la vecina de la Barceloneta en la que se percibe una trama cuya cabeza visible es Timur, un joven de 26 años con doble nacionalidad chilena y rusa. Hasta la fecha, La Vanguardia había tenido conocimiento de que el hombre estaba relacionado al menos con cinco subarrendamientos. Ayer apareció otro caso, el de Teresa. La mujer asegura que alquiló el piso a Timur en abril y desde entonces sólo ha cobrado el primer mes. La historia es un calco de la del resto de los afectados. Es imposible localizar al joven. No responde al teléfono ni al Whatsapp. La propietaria descubrió que el piso estaba siendo realquilado en Airbnb y pidió a la plataforma que retiraran el anuncio. “No nos hicieron caso”, explica Teresa. La mujer denunció su situación a la policía y al Ayuntamiento, que ha iniciado un expediente sancionador contra el inquilino. La propietaria confía en que en septiembre podrá volver a acceder legalmente al piso.
Los afectados por la presunta estafa de Timur mantienen conversaciones para interponer una denuncia conjunta por la vía penal confiando en que al acreditar que fueron víctimas de un engaño perpetrado por el mismo grupo de personas se les podría perseguir penalmente por un delito de estafa. De momento, los Mossos aseguran que se trataría de la primera organización dedicada al realquiler de pisos de que tienen constancia en Barcelona puesto que hasta la fecha no se ha detectado ningún entramado como el que describen los afectados.
El Ayuntamiento ayer se solidarizó con los propietarios afectados por los realquileres. Primero fue la teniente de alcalde Janet Sanz quien llamó personalmente a Montse Pérez para transmitirle su apoyo y animarla a dirigirse a la administración si alguien intenta intimidarla. La segunda fue Ada Colau, que a través de Twitter avisó a Airbnb que “le pondrán tantas multas como haga falta hasta que deje de anunciar pisos ilegales” y recordó que ya impusieron una multa de 600.000 euros a la compañía.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, insistió en que el Ayuntamiento sigue abierto a alcanzar una acuerdo con Airbnb para regularizar su actividad en Barcelona, pero que para cerrar ese pacto hay una serie de líneas rojas que la compañía no puede seguir traspasando. Después advirtió de que el Ayuntamiento intervendrá con dureza mientras no se respeten los derechos de los vecinos con actuaciones al margen de la legalidad. “Hemos doblado el número de inspectores, pondremos multas y animamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas ilegales”, dijo el alcalde accidental.
SERÍA EL PRIMER CASO Los Mossos no tienen constancia de grupos organizados dedicados al subarrendamiento
AVISO DE LA ALCALDESA Ada Colau a Airbnb: “Les pondremos tantas multas como haga falta”