El TC admite el recurso de PP y Cs a los presupuestos de la Generalitat
El Tribunal Constitucional (TC) volvió a demostrar ayer que está muy atento a la evolución de los acontecimientos en Catalunya, y admitió a trámite el recurso presentado por PP y Ciudadanos contra los presupuestos de la Generalitat. La impugnación había sido presentada el pasado día 1 de este mes. El Gobierno, a su vez, había presentado otro recurso también orientado a frenar las partidas previstas para ser usadas en la convocatoria y celebración del referéndum del próximo día 1 de octubre. La rapidez en la admisión a trámite de las últimas impugnaciones de PP y Cs anuncia probablemente una rápida resolución sobre el asunto.
De todos modos, tampoco sería imprescindible correr excesivamente, porque el recurso del Gobierno, al ser admitido por el TC, ya tuvo el efecto de dejar en suspenso las disposiciones impugnadas. La Generalitat, en suma, no puede echar mano de las partidas cuestionadas para organizar el referéndum. No podría hacerlo en función de las sentencias anteriores sobre la inviabilidad de este tipo de iniciativas, pero menos aún después de la suspensión específica tras el primer recurso del Ejecutivo contra la posible utilización de fondos de los presupuestos con dicho fin.
Lo que tienen en común los tres recursos es que tratan de impedir el uso de dinero público para la preparación de la consulta. El portavoz del PP, Rafael Hernando, acudió al TC para presentar la impugnación y manifestó que se trataba de dar “un paso más” para defender el Estado de derecho frente al desafío rupturista. Hernando estaba flanqueado por los diputados Arturo García Tizón, abogado del Estado, y Alicia Sánchez Camacho. El recurso de Ciudadanos –presentado el mismo día y de más de 50 folios– fue formalizado por la diutada Patricia Reyes.
La sentencia que dicte el TC con respecto a la impugnación del Gobierno dará la pauta para los otros dos. El Constitucional no tardará en resolverlos, aunque ya desde la admisión del primero quiso dejar especialmente claras a la Generalitat las limitaciones que le imponía con respecto a la utilización de los presupuestos. En este sentido, con la admisión a trámite volvió a advertir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros del Govern de su deber de obedecer sus resoluciones, so pena de poder incurrir en responsabilidades, incluidas las penales, si no lo hacía. La notificación hacía constar a este respecto el deber de todos ellos de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.
Por otra parte, el Constitucional subrayaba que la Generalitat debía abstenerse de “iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras”. Todo ello si fuera destinado a “financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum”.