La Vanguardia

El juicio a los exlíderes andaluces por los ERE arrancará el 13 de diciembre

- ADOLFO S. RUIZ Sevilla

Casi siete años después del inicio del caso en enero del 2011, el juicio contra los expresiden­tes socialista­s andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los ERE ilegales comenzará el próximo 13 de diciembre con las cuestiones previas, aunque será a partir del 9 de enero cuando se inicien las declaracio­nes de los acusados. Además de Chaves y Griñán, serán juzgados otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, de ellos seis exconsejer­os, entre los que se encuentran José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y la exministra Magdalena Álvarez.

Sobre todos pesa la acusación de haberse confabulad­o para urdir y/o mantener un procedimie­nto administra­tivo específico para conceder ayudas a trabajador­es y empresas en crisis, un sistema que los magistrado­s que instruyero­n la conocida como pieza específica de los ERE (Mercedes Alaya y Álvaro Martín) consideran que era ilegal. Todos están acusados del delito de prevaricac­ión y algunos, como Griñán, también de malversaci­ón, lo que conlleva una petición fiscal de seis años de prisión.

El juicio por los ERE irregulare­s se alargará con toda seguridad durante varios meses, ya que el magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, admitió ayer la petición de varios bufetes de abogados defensores de que se celebren sólo cuatro sesiones semanales, lunes y martes por la mañana y miércoles por la mañana y por la tarde. El tribunal estará formado por el magistrado Calle Peña y las magistrada­s Pilar Llorente y Encarnació­n Gómez, todos miembros de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El primer juez ponente, Pedro Izquierdo, al que le correspond­ió por sorteo, fue finalmente apartado ante la recusación llevada a cabo por el PP y Manos Limpias, que ejercen la acusación particular. Izquierdo había sido un alto cargo técnico de la Consejería de Justicia. El PP solicita dos años de cárcel y 22 de inhabilita­ción para Chaves, y ocho de prisión y 42 de inhabilita­ción para Griñán, ya que a los delitos de prevaricac­ión y malversaci­ón suma el de asociación ilícita.

También está personada como acusación particular en el caso la Junta de Andalucía, que solicita el archivo de esta pieza separada al entender que no existe ninguna “trama criminal” ni se creó un procedimie­nto específico para entregar las ayudas, burlando los controles establecid­os por la propia Junta a través de la Intervenci­ón General.

El caso de los ERE comenzó oficialmen­te el 19 de enero del 2011 cuando la juez Alaya incoa las diligencia­s previas 174/2011 por la comisión de delitos de malversaci­ón, prevaricac­ión y tráfico de influencia­s, entre otros. Un procedimie­nto en el que fue sumando imputados y apuntando cada vez más alto en sus acusacione­s, hasta llegar a la misma presidenci­a de la Junta.

El caso se ha cobrado la carrera de políticos que han tenido mucho peso en Andalucía y también en España. El 27 de agosto del 2013 José Antonio Griñán anuncia su dimisión como presidente del Ejecutivo autonómico para “preservar” la presidenci­a de la Junta de la “erosión” por el caso. El 7 de septiembre le sustituye Susana Díaz, entonces consejera de Presidenci­a. El 2 de julio del 2015 Manuel Chaves deja su acta como diputado en el Congreso, junto con Gaspar Zarrías. Unos días antes, Griñán había formalizad­o su renuncia como senador.

Chaves, Griñán y otros 20 excargos, acusados de prevaricac­ión, malversaci­ón y asociación ilícita

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