“Hay que pensar en el día después del 1-O”
Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economia de la Generalitat de Catalunya
Junqueras avisa al Gobierno de Rajoy: “Las decisiones que tomen también van en contra de uno mismo” “No estamos aquí para protegernos de inhabilitaciones, no nos dejaremos condicionar”
El vicepresidente de la Generalitat es el encargado formal de la organización del referéndum comprometido por el Govern, pero se mantiene impertérrito ante los obstáculos que se le plantean y que se tendrán que superar. Oriol Junqueras recibe a La Vanguardia en su despacho justo después de anunciar que el presidente y él darán todos los detalles de la consulta en un acto el próximo 4 de julio y que se pondrá en marcha una campaña informativa. Recupera la frase que hizo fortuna hace unos meses, “el Junquerismo es amor”, para esquivar posibles conflictos con sus socios, y desea “lo mejor” al Gobierno español, “como a cualquier Estado vecino”.
Hay fecha y pregunta de referéndum, pero hasta ahora sólo sabemos que quieren que se parezca a una convocatoria electoral. Los detalles los tendrán el día 4, pero efectivamente la pretensión es que el referéndum se haga con unas condiciones parecidas a unas elecciones. Es la manera de ofrecer garantías democráticas y seguir las recomendaciones de la comunidad internacional.
También se recomienda pactar con el Estado.
Es bien sabido que el Gobierno español pone todo tipo de dificultades, pero también lo es nuestro compromiso de hacer el referéndum, así que cubriremos las posibles carencias que se deriven de las acciones de guerra sucia y por abuso de derecho que el Gobierno hace y hará en el futuro.
Vayamos por partes: ¿si los ayuntamientos del PSC no quieren ceder locales municipales, qué hará el Govern? Confiamos en que la voluntad ciudadana que se expresa de forma tan clara en las encuestas diciendo de forma extramayoritaria que quiere un referéndum ayudará a que si algún municipio tiene alguna duda se resuelva favorablemente.
¿Y si no es así?
Queremos que el referéndum se pueda celebrar en los colegios electorales habituales, pero si eso no es posible, el Govern intentará que se pueda votar en el lugar más próximo al que sea habitual.
Quieren proteger a los funcionarios en la organización, pero un referéndum con voluntarios se parece mucho al 9-N. La ley no obliga a que sean funcionarios, así que cumpliremos con normalidad aquello que pasa habitualmente. Nunca se ha obligado a ningún funcionario a actuar contra su voluntad. Tampoco ahora.
Tampoco podrán obligar a nadie a participar en las mesas electorales. No tenemos ninguna intención de obligar a nadie a hacer nada que vaya en contra de su voluntad.
¿Cómo comprarán las urnas?
Seguiremos los procedimientos habituales, sabiendo que el Estado utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance para impedirlo. Lo que haremos será adaptarnos.
¿Qué cree que puede hacer el Gobierno central para detener el referéndum? Una parte de los aparatos del Estado utilizará la guerra sucia de forma sistemática contra los ciudadanos de este país.
¿Como por ejemplo?
Hemos visto y hemos oído en el Gotodo bierno conspirar en contra de la verdad, para levantar pruebas falsas. Lo hemos oído en voz de un ministro del Gobierno y de un supuesto responsable de la lucha antifraude. Hemos oído testigos en comisiones de investigación explicando que unidades policiales tenían una verdadera obsesión contra ERC, que el Estado ordena a los fiscales que presenten querellas contra decisiones que son legales, hacen todo tipo de amenazas...
¿En un escenario de conflicto, el Govern fijará líneas rojas para hacer el referéndum? Nuestro trabajo es intentar dar las máximas garantías y estamos convencidos de que podemos hacerlo a pesar de las dificultades que nos ponen cada día.
¿Habrá, por ejemplo, participación mínima que dé validez?
Trabajamos con la voluntad de que sea un éxito de participación y pensamos que este éxito es posible.
¿No hay alternativa al choque?
Al contrario, lo que queremos es entendernos y llegar a acuerdos con el mundo. Pero constatamos que el Gobierno español no quiere hablar. Nosotros no renunciamos, pero nos parece que el diálogo más importante es el que protagonizan los ciudadanos y en democracia se expresa con el voto. Nosotros lo que queremos es servir a la dignidad democrática de los ciudadanos.
¿No hay ningún diálogo?
Vemos cada día cómo el Gobierno español más allá del referéndum pone todo tipo de dificultades y trabas al bienestar de los catalanes. Nos señalan cuáles son sus prioridades y no coinciden con las nuestras. Nos lo recuerdan cuando obligan al TC a suspender medidas para luchar contra la pobreza energética o no se convoca la Junta de Seguridad. Tienen una actitud muy irresponsable.
¿Así podemos ver el Govern y medio parlamento inhabilitado?
Lo que tienen que entender es que eso no cambiaría nada.
¿Cómo lo afronta?
Soy una persona que en estos momentos se dedica a la política en lugar de dar clases porque tengo un compromiso con la ciudadanía de este país fruto de un programa electoral y de la ideología de ERC. Nuestro compromiso va más allá de las amenazas y decisiones del Gobierno, la fiscalía o los tribunales.
¿No harán caso del TC?
No estamos aquí para protegernos de una inhabilitación o suspensión del Constitucional, por cierto con
LOS AYUNTAMIENTOS DEL PSC “Confiamos en que la mayoría partidaria del referéndum ayude a quien tenga dudas”
QUERELLA POR LAS URNAS “Seguiremos el camino habitual, si el Estado intenta impedirlo, nos adaptaremos”
LOS AVISOS DEL TC “No estamos aquí para protegernos de una inhabilitación, no nos dejaremos condicionar”
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO “Deben ser conscientes de que las decisiones que tomen también van en contra de uno mismo”
una ley cuestionada por el mismo tribunal y la Comisión de Venecia. Eso no se ha visto en ningún sitio, que un órgano judicial de designación política que pueda privar a los ciudadanos de los representantes que han escogido. No nos podemos dejar condicionar por las decisiones profundísimamente injustas que puede impulsar el Gobierno.
A usted se le atribuía cierta
complicidad con Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Montoro y Guindos... Incluso con el ministro de Exteriores de la época, José Manuel García Margallo...
¿Ha servido de algo?
Intentamos ser personas muy respetuosas y educadas y eso es compatible con ser consecuentes con nuestros principios y el mandato que tenemos de la ciudadanía. Desgraciadamente, los hechos han demostrado que la buena educación no es suficiente para conseguir que el Gobierno español cambie de actitud cuando actúa contra los ciudadanos de Catalunya.
¿Cómo puede ser ahora la relación entre gobiernos?
Es compatible ser siempre educados y recordar cuál es nuestro compromiso. Seguimos una máxima:
suaviter in modo fortiter in re.
¿El referéndum ha hecho perder oportunidades en otros terrenos de negociación? Lo que tendríamos que hacer las instituciones es trabajar para afrontar del mejor modo los retos que tenemos por delante.
¿La economía va bien, a pesar de todo?
Sí, sin embargo, por ejemplo, la subida de los tipos de interés será un golpe muy fuerte para las administraciones que tienen un alto nivel de endeudamiento, como el Estado español. Cuando planteo este tipo de cuestiones no he conseguido nunca encontrar una respuesta sobre cómo se afronta eso. Es decir, cuando nosotros insistimos en que nos hace falta un crecimiento económico en que se redistribuya riqueza y aumente la musculatura fiscal, no nos sentimos lo bastante acompañados o más solos de lo que las necesidades de los ciudadanos harían recomendable.
¿Alguien piensa en el 2 de octubre?
Pase lo que pase el día 1, hay que pensar en el día siguiente. Todo el mundo tiene que tener interés en actuar de la manera más responsable posible, consciente de las reputaciones cruzadas de todas las instituciones y que las decisiones que se tomen en contra de alguien se toman en contra de uno mismo.
¿En todos los escenarios?
Sí, no nos cansaremos de hacer llamamientos a la responsabilidad.
¿Se pueden ver afectados proyectos de ámbito europeo como conseguir ser sede de la Agencia del Medicamento? Estamos convencidos de que el hecho de que venga a Barcelona es una enorme oportunidad para la ciudad y Catalunya, pero también para España y las economías de nuestro entorno. Si el Gobierno español no lo defendiera, se estaría perjudicando a él mismo. Si alguien desea que las cosas le vayan mal a sus proveedores y clientes, tiene una actitud muy poco responsable.
En las próximas semanas se tiene que impulsar la reforma de la financiación y Catalunya no participa directamente... Los gobiernos españoles nunca han cumplido con los acuerdos que había. La experiencia nos enseña que participar en una negociación de este tipo no sirve de nada porque la respuesta siempre es no y, si en algún caso es un poco sí, tampoco cumplen. Tenemos unas prioridades que son absolutamente diferentes, como asumir la plena responsabilidad de nuestros esfuerzos en el ámbito fiscal.
Pero continúan haciendo propuestas para utilizar el FLA, co- mo rescatar el Eix Transversal. El Parlament de Catalunya nos ha mandatado para que valoremos las ventanas de salida de este tipo de contratos y eso hacemos. Entendemos que algunas de las propuestas que se pueden derivar son buenas para todo el mundo. Para las empresas, para el Estado que vería cómo disminuye el peso de la deuda, para los contribuyentes catalanes... Pensamos que está bien plantearlo y que cada uno tome las decisiones oportunas.
Y al mismo tiempo quieren dejar la tutela del FLA.
Consideramos que financiarnos en los mercados abiertos es bueno para todo el mundo. Lo que nos gustaría es tener la menor dependencia posible con los recursos.
La Agencia Tributaria Catalana estará lista en septiembre para recaudar y gestionar los impues- tos propios y cedidos, ¿pedirán a los contribuyentes que tributen a la hacienda catalana? Llegará un momento en que los ciudadanos decidirán qué quieren para el futuro, cómo se quieren organizar, y cómo se desgrana esta realidad. Nuestro trabajo es prepararnos para todos los retos que quieren asumir los ciudadanos.
La sentencia del caso Palau se conocerá después del verano. Si hay condena en CDC, ¿Artur Mas debería asumir alguna responsabilidad política? No opinamos sobre otras formaciones políticas, pero en ese terreno todo el mundo sabe cuál es nuestra trayectoria, afortunadamente muy limpia. Estamos convencidos de que todo el mundo se esfuerza por trabajar en esta dirección y, si hay una decisión judicial, lo que esperamos es que todo el mundo asuma las responsabilidades que se deriven. Siempre hemos sido muy exigentes y nos parece que hay que serlo.
¿Una imputación obliga a abandonar un cargo?
El mejor de los discursos son los hechos, los nuestros hablan por sí mismos. Para nosotros es una prioridad demostrar el máximo compromiso en la lucha contra la corrupción y disipar cualquier duda que pueda existir.
LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA “La experiencia nos dice que una negociación así no sirve para nada; el Estado nunca cumple” EL CASO PALAU Y ARTUR MAS “Si hay una condena en CDC, esperamos que todo el mundo asuma sus responsabilidades”