La laxitud de Airbnb da alas al fraude de realquilar en Barcelona
En minutos y sin verificaciones, cualquiera puede ofrecer un piso por días ‘La Vanguardia’ sigue el caso de un inquilino que en horas llenó julio a 110 euros la noche
La Vanguardia ha seguido el caso de un inquilino que, sin tener que demostrar si era o no propietario de una vivienda en el centro de Barcelona, la puso en alquiler en Airbnb. Sin verificaciones, la plataforma le permitió en menos de 14 horas “vender” por días todo julio a 110 euros la noche, tarifa que algunos extranjeros interesados mejoraban hasta los 200 euros.
Las primeras denuncias llegaron hace un año. Propietarios de pisos que eran sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona por publicitar su vivienda como apartamento turístico. No eran ellos, se trataba de inquilinos que realquilaban las viviendas a través de Airbnb. Un negocio muy goloso, rápido y sin riesgos para aquellos que se saltan la legalidad, una práctica que ha aflorado a raíz de la historia de Montse Pérez, que reocupó su vivienda en la Barceloneta para poder recuperarla de manos de un estafador.
Los atractivos beneficios económicos de los alojamientos turísticos los convierten en una actividad muy lucrativa para aquellos que no pagan impuestos. La rentabilidad de un apartamento turístico en Barcelona es cuatro veces superior a la del alquiler convencional. El gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, explica, a modo de ejemplo, que por un arrendamiento tradicional de un piso en el Eixample de entre 70 y 80 metros cuadrados el propietario puede cobrar unos 1.050 euros mensuales. Esto supondría un beneficio del 3% antes de impuestos y sólo teniendo en cuenta el pago del impuesto de bienes inmuebles, los recibos de la comunidad de propietarios y el seguro. Si esa misma vivienda se alquilara en el mercado de apartamentos turísticos, el beneficio mensual podría llegar a los 4.000 euros. Además, el arrendamiento convencional presenta mayor morosidad, y los apartamentos turísticos parecen tener el pago de la estancia más asegurada.
Los colegios profesionales advierten de que esta práctica va a más. El Ayuntamiento ya tiene contabilizados hasta 200 realquileres de este tipo, una cifra que podría incrementarse en los próximos días si continúan aumentando las denuncias de estafas de este tipo. “Hace ya algún tiempo mostramos nuestra preocupación al Ayuntamiento porque, al detectar un piso turístico ilegal, inmediatamente se incoa un expediente sancionador contra el propietario sin comprobar si él es realmente quien está alquilando la vivienda como alojamiento para turistas”, explica el presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Enrique Vendrell. Se trata de multas que van desde los 30.000 hasta los 300.000 euros y, aunque muchos casos han quedado archivados después de que el dueño de la casa pudiera demostrar que no era el responsable de ofertar la propiedad como vivienda turística, en otros el expediente continúa su tramitación. “Consideran que el propietario es responsable o ha consentido esta situación”, señala Vendrell sobre una práctica que, a su juicio, genera mucha indefensión.
De hecho, el gerente de la Cambra de la Propietat Urbana recuerda el caso de una asociada de avanzada edad que se vio envuelta en este tipo de estafa. Alquiló su vivienda y, sin ella saberlo, se ofertaba como apartamento vacacional. Se enteró a través de la multa impuesta por el Ayuntamiento, que finalmente pudo recurrir. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, calcula que entre un 10% y un 15% de las sanciones que impone el Consistorio son recurridas porque corresponden a casos de realquileres. Sanz insta a los afectados a explicar su caso a los servicios municipales. “La solución más ágil es venir primero al Ayuntamiento y luego llevarlo a la justicia para tramitar una rescisión del contrato ipso facto”, apunta la teniente de alcalde.
Tanto el gobierno municipal como los profesionales del sector hablan de estructuras organizadas de estafadores –no se atreven a pronunciar la palabra mafia– que operan en Barcelona, hasta ahora con total impunidad y beneficiándose de la legislación que hace difícil que los propietarios recuperen su piso.
El inmueble perfecto para alguien que busca realquilarlo es un piso amueblado, con los suminis-
tros dados de alta, en las zonas de mayor presión turística de Barcelona y preferiblemente rehabilitado. “Puede estar por encima de los precios razonables, ya que a quien lo va a alquilar le saldrá a cuenta igualmente”, señala el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Catalunya, Joan Ollé. La picaresca se aprovecha de las dificultades que tienen los propietarios para recuperar su vivienda y no necesitan una gran infraestructura para llevar a cabo su estafa. Los estafadores gestionan las reservas y sólo necesitan un servicio de limpieza y una persona que entregue y recoja las llaves.
Los profesionales señalan además que, en el caso de ser descubiertos, dejan de pagar inmediatamente el alquiler y los servicios. Saben que en el caso de acudir al juzgado puede pasar un año y medio hasta que tengan que abandonar la vivienda. “La laxitud genera impunidad”, denuncia Ollé, que pide una “regulación más efectiva” e insta a los consumidores a tomar medidas antes de firmar un contrato. La recomendación básica es hacer un buen filtro, ir un poco más allá de la nómina del inquilino. “No hay nada más simpático y encantador que un estafador”, alerta el presidente de los API.
La patronal de los apartamentos turísticos legales (Apartur) se pronuncia en esta misma línea. Enrique Alcántara, su presidente, explica que los propietarios están indefensos ante las ilegalidades y deben contralar a quien alquilan sus viviendas. Considera que las inspecciones que está realizando el Ayuntamiento están dando sus frutos y se ha reducido en un millar el número de apartamentos ilegales que funcionan en Barcelona. Janet Sanz lo atribuye al trabajo del cuerpo de 40 inspectores reforzado con 40 visualizadores que identifican posibles apartamentos ilegales a partir del rastreo de las plataformas digitales y a pie de calle.
Ciutat Vella es el punto caliente. Airbnb anunció hace unos meses como golpe de efecto la limitación de un anuncio por anfitrión en el
distrito para expulsar del sistema a los propietarios de varios pisos turísticos. Para Janet Sanz , esta medida es “una tomadura de pelo”. Lo que ha acabado pasando es que los afectados han creado un usuario para cada piso. A efectos prácticos, siguen siendo los mismos. El efecto ha sido similar al que han tenido las medidas de limitar el alquiler vacacional a un número de días determinado en otras grandes ciudades como Nueva York y Ámsterdam, donde los anfitriones cambian regularmente de nombre de usuario y ponen el mismo piso para exprimir al máximo la plataforma.
Lo cierto es que la presión residencial que sufre Barcelona, con poca oferta de vivienda nueva, unos precios de alquiler que se han disparado y la presencia de residencias que funcionan como pisos de alquiler vacacional, no ayuda a descomprimir esta situación. Sobre todo porque, tal y como indican los profesionales, las restricciones derivadas de la moratoria hotelera han llevado a los inversores a adquirir edificios enteros para reconvertirlos en apartamentos de lujo. Algunos se convierten en segunda residencia de acaudalados extranjeros. aunque la mayoría acaban en el mercado de alquiler vacacional, en el que Airbnb es el mejor escaparate. “El alojamiento turístico se ha convertido en una forma más de especulación para grandes inversores”, lamenta uno de los portavoces del recién nacido sindicato de inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera. Pese a ello, Palomera alerta también de la creciente “especulación de pequeños propietarios que retiran sus viviendas del mercado residencial cuando finaliza el contrato de alquiler y lo pasan al turismo, lo que supone mayor presión al alza de precios”. Una solución reclamada por los sindicatos es la creación de un mayor parque de vivienda pública, que en Barcelona es del 1,5%, diez veces menor que el recomendado.