Subir la apuesta
Puigdemont y un núcleo de fieles prepara el referéndum y la respuesta en la calle si Rajoy lo impide. Pero ni el presidente de la Generalitat ni el del Gobierno central saben qué pasará el 1-O porque esperan a ver cómo reaccionará el otro.
En un nuevo acto solemne, el Govern explicará el día 4 de julio cómo piensa organizar el referéndum. No cómo se hará en la práctica porque eso dependerá también de las trabas que ponga el Ejecutivo de Mariano
Rajoy. Nadie sabe en la Generalitat si la consulta se hará o no. La única seguridad es que, en caso de no poder celebrarla, debería producirse una reacción de protesta de tal intensidad que obligue a la Moncloa a negociar.
Dentro del bloque independentista existen diversas actitudes respecto a cómo debe transcurrir el desenlace de este proceso, en otoño próximo. Las diferencias provienen del círculo de influencias en el que se ponga el foco. Para simplificarlo, podríamos delimitar dos sectores: uno estaría integrado por quienes defienden la estrategia de la movilización y la desobediencia hasta sus últimas consecuencias, persuadidos de que sólo así se conseguirá doblegar a Rajoy, mientras que en el otro figuran quienes recelan de ir hasta el final en un pulso que ven muy difícil ganar y que puede provocar más destrozos que provecho.
En el primer círculo podríamos situar al expresident Artur
Mas, que aboga por una movilización sin precedentes en caso de que el referéndum resulte irrealizable. También
Carles Puigdemont está en esa tesis. Se trataría de organizar una protesta que llamara la atención de los principales medios de comunicación mundiales. El último editorial de The New York Times es un estímulo para este argumento. Pero no es suficiente con una gran manifestación. Es preciso organizar una “movilización permanente”. Entre las ideas que han surgido figura la de una acampada de miles de personas (se ha llegado a hablar de 20.000) en el parque de la Ciutadella, ante el Parlament. Algunos proponen incluso que los diputados independentistas se encierren en la Cámara catalana, aunque consultados algunos parlamentarios en privado no parece que la idea despierte mucho entusiasmo. Otro de los supuestos valorados en este círculo es cómo responder si se inicia un procedimiento penal contra Puigdemont y si el president podría negarse a acudir ante los tribunales (algo que ya se estudió en el juicio de Artur Mas) para forzar incluso su detención. Son planteamientos extremos que parten de la teoría de que, ante imágenes impactantes como estas, Europa forzará a Rajoy a negociar.
En el segundo círculo estarían aquellos que ven con preocupación el desenlace, pero que saben que no hay marcha atrás posible. Dentro de este ámbito hay muchos subcírculos diferentes: desde aquellos que defienden a ultranza el referéndum unilateral, pero están inquietos ante las consecuencias que pueda acarrear tanto personales como para el autogobierno de Catalunya, hasta aquellos a los que no les hace ninguna gracia la vía de la desobediencia emprendida, pero no ven cómo justificar una deserción que se interpretaría como traición a la causa. O sea, hay quienes siguen esta senda por convencimiento y otros porque no les queda más remedio. Todos ellos esperan que el Gobierno central actúe con mesura en las actuaciones judiciales que decida emprender para evitar que media clase política catalana quede inhabilitada o algo peor. Entre ellos se encuentran los consellers del Govern, que asisten como convidados de piedra a los preparativos del referéndum, mientras Puigdemont y un núcleo reducido de fieles fuera de toda sospecha pergeñan un otoño que será caliente.
En la Moncloa, mientras tanto, se mantienen en actitud de alerta. Si el 9-N les pilló por sorpresa, puesto que no esperaban que Mas llegara hasta el final y tampoco imaginaron que la consulta atrajera a tantos catalanes, en esta ocasión no habrá oportunidad de cogerles desprevenidos. El Gobierno de Rajoy está dispuesto a impedir como sea el referéndum, pero unos días considera que será suficiente con las amenazas judiciales, otros cree que tendrá que enviar a un elenco de políticos, entre ellos dos presidentes de la Generalitat, al banquillo, y a veces admite que tendrá que recurrir al artículo 155 y arrebatar competencias a la Generalitat.
Conclusión: ninguno de los dos bandos sabe cómo acabará el 1 de octubre porque cada uno está a la espera de ver hasta dónde será capaz de llegar el otro. Es una partida en la que cada jugador se enroca en seguir subiendo más y más la apuesta, lo que suele ser el camino más rápido para arruinarse.