Expedientado por el realquiler
Una carta del Ayuntamiento de Barcelona en el buzón. “Le comunicamos que incoamos un expediente sancionador contra el propietario por prestar actividades turísticas sin disponer de los requisitos”. El Ayuntamiento descubrió que uno de los pisos del bloque que Josep posee en Ciutat Vella se anunciaba en Airbnb. Como prueba se adjuntaba un enlace que redirigía al anuncio en cuestión. “Tiene 10 días para presentar alegaciones”. Era febrero cuando Josep recibió la comunicación del Ayuntamiento. Es propietario de un edificio en el barrio Gòtic de Barcelona que heredó de un familiar. Consta de ocho pisos y todos están arrendados como vivienda habitual. Josep asegura que no sabía lo que era Airbnb. Nunca oyó hablar de esta web. Hasta que recibió la carta. Al parecer, uno de sus inquilinos estaba realquilando una vivienda de su finca sin su permiso, y sospecha que puede estar haciendo lo mismo con dos más. En el contrato está especificado que está prohibido subarrendar el inmueble para darle un uso turístico. Inmediatamente, Josep llamó al administrador para que averiguara de qué se trataba. Este se puso en contacto con el inquilino, pero este no atendió a su petición. Cuando buscó el anuncio en la web, desapareció. Entre tanto, Josep gestionó las alegaciones. Presentó el con-
En tan sólo 14 horas, el anuncio colgado en la plataforma consigue siete reservas que ocupan todo julio
trato de alquiler y el pago de la fianza en el Incasòl como prueba de que el piso está alquilado a un inquilino y que está prohibido subarrendarlo. Con la presentación de los dos documentos pensaba que el tema quedaría zanjado. Pero no fue así. El Ayuntamiento desestimó su alegaciones esgrimiendo que “en ningún caso desvirtúan los hechos acreditados con las pruebas aportadas”. Josep se siente impotente. “Este señor tiene tres pisos realquilados y no puedo hacer nada más. No puedo parar la actividad. Tengo el piso alquilado y este señor es el responsable”. cumplir con la normativa local”, pero en ningún caso convierte ese cumplimiento en un paso obligatorio. A un anuncio ilegal le basta con omitir esa casilla y seguir adelante con la publicación de su oferta.
A los pocos minutos de rellenar el formulario, el anuncio, “apartamento romántico en el corazón del Eixample”, aparece en la web de Airbnb. Se trata de un piso para cuatro personas con terraza a un interior de manzana en una finca regia de Barcelona. El precio recomendado por la plataforma es de 90 euros la noche, pero el anfitrión, después de cotejar los precios que se piden en esa zona del Eixample, decide subirlo a 110 euros por noche. Aún así sigue resultando muy económico: la demanda de alojamiento en Barcelona es tal que, unos minutos después de aparecer el anuncio en el portal, llega la primera reserva.
En tan sólo 14 horas, el nuevo anuncio colgado en Airbnb consigue siete reservas que ocupan prácticamente todo el calendario hasta finales de julio. Cada uno de los huéspedes pasará en Barcelona entre dos y cinco noches. A pesar de no tener ni un solo comentario de otros usuarios de Airbnb, el competitivo precio –otros de la zona superan los 200 euros– atrae a los turistas, que llegan de todas partes del mundo. Uno viene desde un estado de la América profunda con sus amigos; una treintañera australiana se juntará en Barcelona con tres amigos procedentes de Francia y de dos países sudamericanos; un joven reserva con sus padres desde el norte de Europa, y también desde esa región del continente llega la reserva de una pareja con dos niños de 5 y 9 años... Otros diez usuarios, antes de hacer la reserva, piden más fotos, preguntan por aspectos relacionados con las camas y el uso privado de la terraza. También hay quien quiere saber la mejor manera de llegar desde el aeropuerto de El Prat... todos ellos ajenos al incumplimiento de la normativa local.