Un directivo de Airbnb realquiló ilegalmente su piso barcelonés
El Ayuntamiento hará efectiva esta semana una multa de 600.000 euros contra la plataforma
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente contra un exdirectivo de Airbnb que había realquilado una vivienda en Ciutat Vella como apartamento turístico. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, calificó ayer de muy grave este hecho e instó a la plataforma de alojamiento vacacional a dar explicaciones sobre este nuevo caso de realquiler de pisos además de anunciar un multa de 600.000 euros por la reincidencia en la publicación de anuncios de viviendas turísticas ilegales y amenazar con abrir otro expediente de la misma cuantía si Airbnb continúa incumpliendo la ley.
El exdirectivo en cuestión es Kay Kuehne. En una de las imágenes que aparecen en internet se le ve levantando brazos eufórico después de comprar el iPhone 5 en la tienda Apple de paseo de Gràcia tras ser el primero una larga cola y pasar la noche en la intemperie. Lucía una cinta en la frente como la que llevan los tenistas para absorber el sudor. En ella había una inscripción que no pasaba desapercibida: Airbnb.
Este joven de origen alemán, que por entonces tenía 31 años y estaba afincado en Barcelona, era ya uno de los máximos directivos de la plataforma de alquiler turístico, en la que ocupaba el cargo de director de la compañía en España y Portugal. Al año siguiente, Kuehne fue nombrado director territorial de Airbnb en América Latina, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2015. En una entrevista en el diario Clarín, Kuehne resaltaba las bondades de la plataforma como un espacio de intermediación. Reconocía, aun así, que su funcionamiento no era “legal ni ilegal” y que, en muchos casos, el alquiler turístico de apartamentos “no está incluido en las leyes locales”. Además, el directivo de Airbnb destacaba una de las máximas de la bautizada como economía colaborativa: “Para nuestra generación, ya no es tan importante ser el dueño de una casa linda sino que podamos quedarnos unos días en una casa linda y conocer la ciudad [...]. Esa idea de que ya no hay que ser dueños, que lo que importa es la experiencia, es algo nuevo, de nuestra generación”.
El Ayuntamiento de Barcelona descubrió que Kay Kuehne realquilaba ilegalmente un piso turístico en la ciudad. No era el dueño ni tenía permiso para ello. La quinta teniente de alcalde dijo ayer que este caso es la prueba de que la plataforma “ha cruzado todos los límites”, creyendo que “puede actuar con total impunidad”. “Es una estafa para toda la ciudad”, sentenció Janet Sanz.
El Ayuntamiento se topó con el piso realquilado del directivo de Airbnb rastreando las ofertas de la plataforma. La vivienda está en la plaza Ramon Berenguer el Gran, junto a la Vía Laietana. Tras detectar el inmueble fraudulento, el Consistorio abrió un expediente sancionador de 30.000 euros contra la propietaria de la vivienda, que posteriormente alegó que tenía el piso alquilado a un joven desde el 31 de mayo del 2013. En esa fecha, el inquilino era ya el director regional de Airbnb en América Latina.
El abogado de la propietaria, Francisco Amorós, señaló ayer que no saben desde cuándo empezó a ofertarse el piso como apartamento vacacional. Una vez tuvieron conocimiento del uso fraudulento que se estaba haciendo de la vivienda intentaron ponerse en contacto con el inquilino, sin éxito. Hasta que, a principios de año, recibieron una llamada del extrabajador de Airbnb para entregar las llaves antes de que se acabara el contrato. El joven, ante las acusaciones de los propietarios, lo negó todo.
Sin embargo, Kuehne trató de blanquear la situación ilegal del piso que quería realquilar añadiendo un cláusula en el contrato de arren-
El joven introdujo una cláusula en el alquiler para alojar a compañeros de trabajo
El Consistorio asegura que la web da cobertura legal a una red de estafadores
damiento en la que se especificaba “poder alojar en el piso de forma puntual varios compañeros de la empresa donde trabajaba”. La empresa en la que trabajaba ya era Airbnb. La propietaria relató ante la administración que había sido “víctima de un engaño” al aceptar la inclusión de esas condiciones. En el trámite de alegaciones, también presentó las quejas que recibió del administrador de fincas relativas al ruido y la música que se escuchaba en el inmueble a altas horas de la madrugada.
El Ayuntamiento sigue en marcha con el procedimiento contra Kuehne, aunque todavía no se le ha impuesto ninguna sanción. Airbnb quiso desvincularse ayer de la actividad de su exempleado al señalar, en un comunicado, que “se trata de una persona que ya no trabaja en la empresa, por lo que se trata de un asunto personal para él”.
Janet Sanz reconoció ayer que en Barcelona hay todavía una gran oferta ilegal, que cifró entre los 6.000 y 8.000 viviendas, aunque aseguró que en estos últimos meses se había reducido su presencia. También explicó que de todos los expedientes abiertos contra esta actividad que funciona fuera del marco legal 316 casos corresponderían a realquileres.
El Ayuntamiento considera que Airbnb está dando cobertura a redes de estafadores que se dedican a sacar beneficio económico del realquiler. Una situación, que según Sanz, la ciudad no puede tolerar más. Por ello, anunció que esta misma semana se hará efectiva una multa de 600.000 euros contra la plataforma vacacional por la reincidencia en la oferta de pisos turísticos ilegales. Esta multa forma parte del expediente incoado en octubre del año pasado a Airbnb y Homeaway. En ambos casos la sanción ha sido recurrida, pero mientras que Homeaway ha dejado de dar publicidad a los pisos que no tienen licencia, Airbnb continúa ofertándolos, de ahí el incremento de la multa.
En el caso de que la plataforma no recapacite, el Ayuntamiento tienen preparado otro expediente, también de 600.000 euros, por el incumplimiento de la ley de Turisme. “Airbnb no tiene más opción que cumplir con la legislación como cualquier barcelonés”, aseguró la responsable de Urbanismo. En el mismo sentido se pronunció el concejal de Turismo, Agustí Colom, quien relató que la oferta ilegal provoca problemas de convivencia, incrementa el precio de los alquileres y afecta a los propietarios de pisos. Sanz también apuntó que en breve se reunirá con la Generalitat para intentar modificar el régimen sancionador de la ley del Turisme del 2002 con el fin de que las multas sean mucho más cuantiosas. Reconoció que las plataformas recurren las multas con diferentes interpretaciones de la normativa, pero aseguró que es el único camino que existe para luchar contra la oferta ilegal.
Airbnb, por su parte, lamentó que el Ayuntamiento “haya escogido el conflicto por encima del acuerdo” y que haya rechazado todas las negociaciones. También señaló que el home sharing es un “salvavidas económico para miles de familias de clase media”