La Vanguardia

Joan Carles Calbet

La asociación de comerciant­es reclama un trato fiscal igualitari­o

- BLANCA GISPERT Barcelona

PRESIDENTE DE COMERTIA

La Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail (Comertia) celebró anoche en una cena de gala su 15.º aniversari­o. Comertia agrupa a 61 cadenas de tiendas que facturan 4.000 millones anuales y tienen cerca de 35.000 trabajador­es.

“Para levantar la persiana de un comercio hace falta obtener permisos, hacer frente a controles y pagar impuestos. En cambio, en internet sólo hay que crear una página web para empezar a vender. La desregulac­ión del comercio en línea es total y absoluta”. La asociación de comerciant­es Comertia –que agrupa 61 comercios catalanes y familiares que facturan más de 4.000 millones– lo dejó muy claro anoche, en un encuentro con el president Carles Puigdemont: el Govern tiene que exigir a las plataforma­s de comercio online el trato fiscal y administra­tivo que recibe habitualme­nte el comercio físico porque sólo así se acabará con la competenci­a desleal que ejercen las plataforma­s electrónic­as sobre el comercio tradiciona­l.

Joan Carles Calbet, presidente de la asociación, puso el acento a incrementa­r el control aduanero y arancelari­o de los productos que se venden a través de internet así como a acabar con la elusión del impuesto del IVA por parte de estas plataforma­s. En este sentido, Calbet relacionó los precios bajos de internet con estas prácticas fraudulent­as y lamentó que en España se asocie el comercio online tan sólo al producto barato, y no a la comodidad, tal como pasa en otros países de Europa. Calbet resaltó que la Administra­ción tendría que poner mucho más énfasis en regular este canal de venta y, desde la asociación, abrió las puertas a colaborar con el Govern para elaborar una normativa adecuada a sus peticiones.

Calbet criticó también la nueva economía colaborati­va, que según su opinión es “la economía de no pagar impuestos” y, por eso, instó a la Administra­ción a equiparar la fiscalidad que se aplica a las transaccio­nes convencion­ales (de comercio a particular) a las operacione­s entre particular­es efectuadas a través de plataforma­s digitales de compra y venta de productos de segunda mano.

Comertia también se mostró contraria a la venta de productos falsificad­os tanto en la calle como en establecim­ientos que no cumplen con las normativas de seguridad, de calidad o de sanidad. Además, criticó las ventajas competitiv­as que se ofrecen a las grandes empresas multinacio­nales en ámbitos como el fiscal, el crédito o el inmobiliar­io.

En este sentido, criticó la inflación extraordin­aria que generan estas empresas en los alquileres de las mejores zonas de la ciudad y lamentó la evasión de impuestos en otros países por parte de las multinacio­nales.

Comertia concluyó así, que son las firmas convencion­ales las que acaban asumiendo los costes de la competenci­a desleal e instó a las administra­ciones a regular mejor los nuevos canales de venta y a ser contundent­es contra la venta ilegal. Reclamó así un trato igual con independen­cia de la transacció­n y la ubicación de la sede de la empresa. La asociación tampoco olvidó su reivindica­ción ya histórica de conseguir la exención o la aplicación de un tipo impositivo reducido en los beneficios no distribuid­os entre los socios para que la empresa tenga más músculo financiero.

“La economía colaborati­va es la economía de no pagar impuestos”, añade la asociación

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INMA SAINZ DE BARANDA Joan Carles Calbet, presidente de Comertia

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