Programas de gobierno
El aumento del techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros; y los planes de reforma expuestos por el presidente de Francia a los diputados y senadores.
EN un Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer el Gobierno aprobó el techo de gasto público para el 2018, paso previo para empezar a elaborar el proyecto de presupuestos generales del Estado del año que viene. Eso sucede prácticamente justo cuando acaban de entrar en vigor los del 2017. Con esta celeridad en la tramitación de las cuentas públicas para el próximo año, presumiblemente, se normalizará la gestión presupuestaria pública, después de las prórrogas y retrasos a que últimamente había obligado la inestabilidad política. Este cumplimiento de los plazos es importante para la buena marcha del país.
Pese a que el PSOE ha manifestado ya su voluntad de votar en contra del techo de gasto propuesto por el Gobierno, a diferencia de lo que hizo anteriormente, el ministro de Hacienda ha expresado su convencimiento de que podrá sacar adelante las cuentas públicas del 2018 con los mismos apoyos políticos que ha tenido para aprobar los presupuestos generales del Estado del 2017. De entrada, la votación en el Congreso sobre el techo de gasto se hará el próximo martes. Su aprobación será otro paso clave para reforzar la confianza en la buena marcha que registra la economía española, con independencia de que en el transcurso de los debates parlamentarios posteriores se puedan incluir medidas que mejoren las propuestas gubernamentales iniciales.
Precisamente la buena marcha de la economía española, que tanto este año como el próximo crecerá por encima de las previsiones, hace posible que en el 2018 se pueda incrementar por primera vez el techo de gasto después de cuatro años de descensos y, asimismo, avanzar en la reducción del déficit público.
El aumento del techo de gasto público fijado por el Gobierno supone gastar 1.497 millones más en el 2018, el 1,3% más respecto del presupuesto de este año, hasta los 119.834 millones de euros. Esta cantidad, a juicio del ministro de Hacienda, ofrece margen de negociación con las demandas de los grupos políticos que en principio deben votar a su favor. El principal escollo está en la negociación con Ciudadanos, que exige que el Gobierno se comprometa a rebajar el impuesto sobre la renta para devolver a los ciudadanos los esfuerzos que hicieron durante la crisis, algo que inicialmente el ministro de Hacienda no veía con buenos ojos, ya que podría dificultar la cuadratura del objetivo de déficit público. En este sentido, tras reducirse hasta el 3,1% del PIB este año, algo que se ve perfectamente posible, el reto es rebajarlo hasta el 2,2% el próximo y, de esta manera, sacar a España del procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde el 2009.
El citado 2,2% de déficit público debería repartirse entre el 0,7% para el Estado, el 1,2% para la Seguridad Social, el 0,3% para las comunidades autónomas y el 0% para los ayuntamientos. La deuda pública del conjunto del Estado, todavía muy elevada, debería quedar en el 98,8% del PIB.
El progresivo saneamiento de las cuentas públicas españolas, ahora ya sin recortes y con aumento del gasto, es fundamental para garantizar la continuidad del intenso ritmo del crecimiento económico y del empleo. El crecimiento previsto para el 2018 será del 2,6%, después del 3% que se alcanzará este año, con una creación de otro medio millón de nuevos puestos de trabajo, aunque hasta el 2020 no se recuperará todo el empleo perdido durante la crisis.