El Gobierno aprueba el canon digital, que recaerá sobre móviles, DVD y memorias
El Ejecutivo acata los fallos del Tribunal de la UE y el Supremo para evitar multas
Más de un año después de que el Tribunal de la UE invalidara el sistema implantado por el Gobierno en el 2012 para compensar vía presupuestaria los derechos de autor por las copias privadas de libros, memorias, discos compactos y DVD, el Ejecutivo acata por fin el dictamen y restaura el canon digital, que, ajustado a la directiva comunitaria, mejora esos resarcimientos económicos y los carga a la industria de aparatos reproductores. Si los presupuestos venían consignando a esas compensaciones 5 millones al año, el nuevo canon puede elevar el monto hasta 40 millones: una cifra que, alejada de los hasta 80 millones recaudados con el viejo canon hasta el 2012, las entidades gestoras de los derechos juzgan reducida y pretenden que se corrija al alza, aunque aplaudan el restablecimiento en sí del canon y por tanto de la legalidad europea.
En virtud de este mecanismo, los derechos de autor correspondientes a las copias de libros, fonogramas y videogramas se cobrarán a la industria mediante un porcentaje sobre los aparatos y dispositivos de almacenamiento, copiado y reproducción que fabriquen o distribuyan. De entrada y hasta la elaboración de una normativa de desarrollo más depurada, por cada teléfono móvil o smartphone los fabricantes abonarán 1,10 euros; por cada tableta o dispositivo electrónico con pantalla táctic, 3,15 euros; por las impresoras, entre 4,5 y 5,25 euros (según su capacidad).
Está por saber si las marcas transferirán el coste del canon al precio de sus productos y por tanto al consumidor. Hay que tener en cuenta que la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros es un real decreto ley adoptado para cumplir el dictamen del Tribunal Europeo, de junio del 2016, y la resolución que el Supremo dictó en consecuencia en noviembre. De modo que las tarifas del canon establecidas en el texto –incluidas las citadas– tienen carácter transitorio hasta que el Gobierno, en orden ministerial, concrete las cuantías y los aparatos y soportes de reproducción sujetos al pago. En todo caso, en los sectores involucrados en el asunto se considera probable que la industria repercuta al consumo el canon. Sobre todo porque así lo permite la directiva comunitaria al respecto.
El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció ayer al anunciar el decreto que su aprobación ahora y con ese carácter provisional responde tanto al imperativo legal como al deseo de evitar una sanción de Bruselas. La Comisión Europea “se estaba planteando un procedimiento
Los fabricantes y distribuidores de aparatos reproductores pueden repercutir el canon en sus precios
de infracción” contra España que habría comportado una multa, y sólo paró el expediente al constatar que el Gobierno estaba negociando –internamente entre ministerios y externamente con las gestoras de derechos y los partidos políticos– la nueva regulación requerida.
El decreto aprobado ayer exceptúa del pago del canon a las entidades públicas y a las personas y empresas que acrediten el uso íntegramente profesional de las copias.
La facturación y reparto del dinero recaudado con el canon correrá a cargo de las asociaciones que gestionan los derechos de autor.