Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE VENEZUELA
La descomposición en las instituciones venezolanas se hizo evidente con la irrupción de chavistas en el legislativo, de mayoría opositora. La ONU y el Parlamento Europeo han condenado el ataque a un símbolo de la democracia.
La tensión aumenta en Venezuela. Tras la irrupción de un grupo de chavistas violentos en el Parlamento, que el miércoles agredieron a diputados opositores, el conflicto se traslada ahora la Fiscalía General del Estado, cuya titular, Luisa Ortega, se ha convertido en el principal cargo oficial crítico con el Gobierno de Nicolás Maduro. Al cierre de esta edición crecían las especulaciones sobre la inminente detención de Ortega, tras impedir que la vicefiscal general, la chavista Katherine Harrington,entrara en la sede del ministerio público, en Caracas.
El primero en advertir de la posible detención fue el marido de Ortega, el diputado chavista Germán Ferrer, quien aseguró haber sido informado de que un juzgado había emitido la orden de arresto. Ferrer se comunicó con el diario El Nacional para explicar que se encontraban en “alerta” ante esa posibilidad.
Poco antes, Ortega justificó en Twitter la prohibición a Harrington de entrar en la fiscalía. “Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia de ingresar al ministerio público”, tuiteó. A la vez, la fiscal díscola con el chavismo responsabilizó al Sebin (servicio de inteligencia) y a la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada) de “cualquier situación irregular que ocurra contra la sede (de la fiscalía) y sus funcionarios”.
Ortega considera que el nombramiento el lunes de Harrington es ilegal, pues fue designada por el Supremo, cuando la ley establece que la vicefiscal debe ser nombrada por la fiscal general y ratificada por el Parlamento. Ortega había designado en el cargo a Rafael González, convalidado por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, pero fue rechazado por el Supremo.
Harrington es fiscal de carrera, pero está muy identificada con el chavismo. Entre el 2015 y el 2016 fue viceministra de Interior y Justicia, y figura en la lista de sancionados por EE.UU. firmada en el 2015 por el presidente Obama. Harrington aparece en la lista, junto a seis jefes militares y policiales, y tiene prohibido viajar a EE.UU. o acceder a sus cuentas en ese país.
Por otra parte, Ortega se ha declarado en desacato ante el Supremo, después de no acudir el martes a declarar ante el máximo tribunal por una denuncia contra ella presentada por un diputado chavista. La fiscal general considera que los magistrados del Supremo deben ser destituidos. El tribunal se dio de plazo esta semana para decidir si destituye o no a Ortega.
Mientras tanto, el ataque al Parlamento, donde chavistas violentos hirieron a doce personas con palos y barras de hierro –incluidos cinco diputados– antes de asediar la AN durante ocho horas, sigue generando el rechazo de la comunidad internacional. Muchos gobiernos, como el español, o la ONU y el Mercosur, expresaron su preocupación y repudiaron las agresiones que, no obstante, fueron condenadas por Maduro. Sin embargo, el presidente del Congreso, Julio Borges, culpó directamente al Gobierno.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó para hoy una reunión urgente de la organización para tratar los últimos incidentes en Venezuela, donde la oposición lleva desde el 1 de abril saliendo a protestar a las calles, con un saldo de 90 muertos, según datos de la Fiscalía General del Estado.
El clima de tensión ha aumentado tras la convocatoria de elecciones a una asamblea constituyente el 30 de julio, rechazadas por la oposición que, a través del Parlamento, ha convocado para el 16 de julio un referéndum con objeto de que los venezolanos decidan si están de acuerdo con la decisión de Maduro.
La crisis venezolana también es objeto de rifirrafe en España. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tachó ayer en Twitter de “mezquina equidistancia” la tibia posición de condena de Podemos respecto al ataque chavista al Parlamento. Antes, la portavoz podemista en el Congreso, Irene Montero, había condenado “todas las violencias” y había llamado a la “prudencia” ante el “grave riesgo de recrudecimiento de la tensión”.
Países y organismos condenan las agresiones a diputados opositores y la OEA convoca una reunión urgente