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La cumbre celebrada ayer en Hamburgo entre Donald Trump y Vladímir Putin, y la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de relajar el objetivo de déficit para las autonomías.
EL Gobierno volvió a reunir ayer al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para revisar el reparto de los límites del objetivo de déficit público para el 2018 y relajaren una décima más el margen de las autonomías, que pasan del 0,3% del PIB al 0,4%. También se autorizó la reinversión del superávit que puedan tener las comunidades autónomas en inversiones financieras sostenibles. Con ello, fundamentalmente, se atienden dos demandas planteadas por Canarias y, de esta forma, el Gobierno se asegura los apoyos necesarios para la aprobación, el próximo martes en el Congreso de los Diputados, del techo de gasto de los presupuestos del Estado.
La propuesta del ministro de Hacienda salió adelante con los votos favorables de todas las comunidades del Partido Popular, además de Canarias, y contó con el rechazo de todas las socialistas –excepto Extremadura, que se abstuvo–, Cantabria y Catalunya. En total fueron siete votos a favor, siete en contra y una abstención. Pero, en realidad, el Gobierno sólo necesitaba el apoyo de una autonomía, ya que la Administración General del Estado cuenta con un número de votos paritario al de las autonomías.
Desde el frente socialista y desde Catalunya se ha criticado al ministro de Hacienda por haber convocado de nuevo, una semana después de aprobada la primera distribución del gasto, al CPFF para realizar unos cambios que no obedecen a criterios objetivos. Cristóbal Montoro reconoció que ello obedecía a una necesaria y legítima negociación política y señaló que tan sólo es una modificación cualitativa, ya que la décima que ganan las comunidades autónomas la pierde la Seguridad Social, ya que se prevé que se recaude más por el tirón que registra el empleo.
Catalunya, pese a expresar su rechazo a los citados cambios, no pudo votar porque no asistió el conseller de Economia i Finances, Oriol Junqueras, que fue representado por su número dos, Pere Aragonés, quien pidió un objetivo de déficit individualizado para cada autonomía, que para la Generalitat debería ser del 0,88%, a lo que se negó Montoro porque, a su juicio, la situación política no lo permite.
Aunque Aragonés dijo que en el futuro las finanzas de la Generalitat ya no dependerán del citado CPFF, sino de los ciudadanos de Catalunya, en estos momentos las normas del Estado son las que son. En el marco actual lo que hay que reivindicar es la renovación del actual modelo de financiación autonómica para que garantice ingresos suficientes a las comunidades autónomas, puedan gestionar adecuadamente sus necesidades de gasto y se evite la tendencia al endeudamiento continuo. En este sentido hay que tener en cuenta que la rebaja anunciada del IRPF para el 2018 puede suponer un problema de menores ingresos que repercutirá en las cuentas autonómicas.