El Gobierno considera inviable el 1-O porque carece de financiación
La Moncloa recuerda que el Constitucional impide usar dinero público en la consulta
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene la absoluta seguridad de que el próximo 1 de octubre no se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya, como tiene anunciado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y los expertos juristas y constitucionalistas que rodean a Rajoy en el Consejo de Ministros coinciden en que tiene muy fundadas razones para pensar así. La última, y piensan que quizá definitiva, es la sentencia que emitió el pasado miércoles el Tribunal Constitucional (TC), que advierte que no se puede gastar ni un euro del presupuesto de la Generalitat en la celebración de dicho referéndum. Salga de la partida que salga. “La sentencia ya impide el referéndum”, explican fuentes del Gobiernoa La Vanguardia.
Y subrayan que, además, el incumplimiento de dicha sentencia ya no sólo podría acarrear penas de inhabilitación para las autoridades o funcionarios públicos correspondientes, sino que podrían incurrir en un delito de malversación de caudales públicos que, según el Código Penal, puede implicar penas de prisión.
En la Moncloa recuerdan que la Fiscalía ya ha reclamado al Tribunal de Cuentas que abra una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, condenados por desobediencia al Constitucional, para determinar su responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros en la consulta del 9-N del 2014.
De hecho, también cabe recordar que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra Homs, del pasado mes de marzo, descartó condenarle también por el delito de prevaricación administrativa que le atribuía la fiscalía, pero apuntó que sí le podría haber condenado por malversación si el ministerio público le hubiera acusado igualmente de este delito, que conlleva pena de prisión. “La sala limita su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se ha formulado acusación. No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Constitucional, tiene o no relevancia penal”, dictaminó el Supremo.
Entre los expertos juristas de la nueva dirección del PSOE de Pedro Sánchez también se da por hecho que el fallo del miércoles del Constitucional impide que se destine ningún dinero del presupuesto público de la Generalitat al 1-O. Pero advierten que los promotores del referéndum independentista podrían buscar vías alternativas de financiación. “La sentencia del TC no suspende por sí misma el referéndum, aunque sí impide el uso de dinero del presupuesto público, lo que daría pie al delito de malversación y a penas de cárcel. Pero no impide que se haga con aportaciones voluntarias”, alertan en la dirección del PSOE.
Las fuentes del Gobierno consultadas, no obstante, rechazan de plano que los promotores del 1-O puedan recurrir a esta vía de financiación ciudadana. “¿Aportaciones voluntarias? ¡Va a ser que no!”, zanjan, sin dar crédito a que ni siquiera se lo puedan plantear.
Cuestión distinta es que lo que finalmente se celebre el 1-O no sea un referéndum sino “otra cosa”, como sospechan en la dirección del PSOE. “Lo que vaya a ocurrir el 1 de octubre no cumple con las garantías necesarias para ser considerado un referéndum”, señaló el propio Pedro Sánchez, que fraguó un “acuerdo en lo esencial” al respecto en su cita con Rajoy del jueves, según subrayó ayer el ministro portavoz desde la Moncloa.
Íñigo Méndez de Vigo, no obstante, ya pareció descartar ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la demanda
del líder del PSOE para que Rajoy abra una “vía de diálogo” con Puigdemont, en busca de soluciones. “Para bailar el tango hacen falta dos”, ironizó Méndez de Vigo. “Si la otra parte supedita todo el resultado del diálogo a que se celebre un referéndum ilegal, es muy difícil”, admitió. El portavoz del Gobierno, en todo caso, aseguró que “diálogo ha habido siempre, lo hay y lo habrá”. Pero no se atisba que pueda producirse una cita o una conversación por ahora entre Rajoy y Puigdemont. Es más, fuentes gubernamentales descartan que el presidente de la Generalitat pueda ya venir a explicarse en el Parlamento, como se estuvo barajando. En la Moncloa consideran que, para empezar, Puigdemont no debía tener ninguna intención de ir a Madrid a debatir nada. Pero además, afirman que tras presentar la denominada ley del referéndum –que Méndez de Vigo insistió ayer en que “carece de las más elementales garantías jurídicas”–, ya es imposible que lo haga porque creen que dicho documento es un disparate en todos los sentidos.
En esta línea se manifestó el portavoz del Gobierno al recordar que dicho texto no ha sido aprobado, ni remitido al Parlament ni firmado por nadie. “Nadie sabe la autoría del mismo, nadie sabe quién lo ha hecho, no tiene padre ni madre conocidos. Y no resiste un somero análisis jurídico. Nos parece una sinrazón”, atizó Méndez de Vigo. Además, criticó que “no busca la ruptura con España, sino la ruptura en Catalunya”, y todo ello dictado por una minoría que, a su juicio, “ha perdido el sentido de las cosas”. Se refirió así a que sus promotores “ni siquiera escuchan a las propias instituciones catalanes”, en referencia al veredicto del pasado jueves del Consell de Garanties.
Méndez de Vigo aseguró en todo caso que “la posición del Gobierno es razonable, y con la reunión con Pedro Sánchez se afianza”, en el rechazo al 1-O. Ahora bien, en cuanto a las iniciativas legislativas que el líder del PSOE anunció que iba a impulsar, pero que no concretó a Rajoy, el portavoz del Gobierno zanjó: “Estudiaremos con mucho gusto sus propuestas, pero nos gustaría conocer las iniciativas, no hablar en abstracto”.