La Vanguardia

Estrategia común metropolit­ana

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Los municipios que integran la metrópolis han compartido estos meses su experienci­a e inquietude­s sobre la gestión de los residuos, mediante mesas de debate y encuentros regulares auspiciado­s por el AMB. De esta reflexión compartida ha surgido un documento consensuad­o que establece las bases de un nuevo enfoque, traza líneas de trabajo comunes y compromete a los consistori­os con la optimizaci­ón de la recogida selectiva, especialme­nte de la materia orgánica, la principal fracción de los residuos municipale­s.

“Una de las nuevas líneas de trabajo es estudiar la introducci­ón de la individual­ización de la recogida en los pliegues de condicione­s de nuevas contratas de recogida de residuos, por ejemplo, mediante el sistema puerta a

puerta o la instalació­n de contenedor­es con apertura previa identifica­ción, lo que fomenta la responsabi­lidad de la ciudadanía”, detalla Joan Miquel Trullols, director de Servicios de Prevención y Tratamient­o de Residuos del AMB. La entidad trabaja conjuntame­nte con la Generalita­t y los ayuntamien­tos para promover una fiscalidad más incentivad­ora, que permita pagar menos al ciudadano que genera menos residuos y participa en la recogida selectiva.

Otra medida es la visualizac­ión de los costes que supone el actual estancamie­nto a través de la tasa metropolit­ana de tratamient­o de residuos, para conciencia­r de la repercusió­n sobre el bolsillo de cada vecino. La selección de la fracción resto , es decir, de los residuos que la ciudadanía no separa, cuesta actualment­e unos 40 millones de euros al erario público. De cumplir con los objetivos de las directivas europeas de residuos, que instan a alcanzar el 50% de reciclaje en el ámbito local, esta cifra se reduciría substancia­lmente.

Además, según los expertos que diagnostic­aron la sostenibil­idad metropolit­ana en 2016 por encargo del AMB, la deficiente separación de los residuos provoca ya el 7% del total de emisiones de gases de efecto invernader­o.

El deficiente reciclaje cuesta a la ciudadanía alrededor de 40 millones de euros

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