Bruselas insta a vigilar la integración del Popular por parte del Santander
La Comisión Europea advierte de los costes potenciales derivados de los litigios
La Comisión Europea instó ayer a las autoridades competentes a seguir con atención todo el proceso de integración del Popular en el Santander, en especial por lo que se refiere a la evolución de los riesgos en el banco adquiriente. Así lo dijo en un informe de la dirección general de Economía y Asuntos Económicos, publicado ayer. “La implementación efectiva de la transferencia de Banco Popular a Banco Santander necesita ser vigilada de cerca por las autoridades supervisoras”.
Según Bruselas, hay que seguir muy de cerca cualquier riesgo derivado de los potenciales costes de litigación que puedan emprender los exaccionistas del Popular, que el pasado 7 de junio vieron como el Banco Central Europeo (BCE) decidía la resolución de la entidad y su adjudicación al Santander por un euro. Un mes después, las demandas y querellas se amontonan en la Audiencia Nacional y todo apunta a largos procesos judiciales. El Santander, en cualquier caso, solo se vería afectado si se probara –tanto por la vía civil como por la penal– que los accionistas o acreedores se vieron perjudicados por prácticas comerciales o delitos anteriores a la intervención del Popular.
El informe de la Comisión alerta de otros riesgos en el sistema financiero español, aunque también resalta en distintos puntos que la banca goza en general de buena salud y se está beneficiando de los ajustes de los últimos años. Por ejemplo, destaca que los bancos españoles están diversificando sus fuentes de financiación
La Comisión entiende que la reprivatización de los bancos públicos es demasiado lenta y espera progresos
y continúan reduciendo sus deudas, pero pone también de relieve que el nuevo crédito concedido a las pymes y las familias está creciendo.
Con la base del crecimiento económico y la creación de empleo, Bruselas recuerda otras consecuencias positivas, como la reducción de la morosidad o los ajustes en la capacidad –oficinas y plantillas– de los bancos. Esto les ha permitido sortear las dificultades en los márgenes derivadas de los bajos tipos de interés y generar capital de modo orgánico, es decir, por la obtención y no distribución de beneficios.
Pese a todo lo anterior, la Comisión cree que no cabe la autocomplacencia y señala la lentitud con la que están procediendo los procesos de reprivatización de las entidades rescatadas durante la crisis. A este respecto, señalan que esperan progresos de las autoridades españolas a la hora de desinvertir en Bankia y BMN, añadiendo que Bruselas sigue vigilando la implementación de los planes de reestructuración de las dos entidades.
En este caso, España no complacerá a Bruselas a corto plazo, ya que a principios del 2017, y por la vía del real decreto, el Gobierno alargó dos años el plazo de salida del capital de Bankia y BMN, que en unos meses cerrarán su fusión. La entidad resultante sobrepasará los siete años de vida como nacionalizada si finalmente el Estado sale del capital en el 2019. Muchos años alterando la competencia. Por último, Bruselas advierte de que la reciente decisión aprobada por el Gobierno que demora la puesta en marcha de la reforma de las cajas de ahorros “reduce los incentivos para que las fundaciones bancarias vendan sus participaciones de control en las antiguas cajas”.