La estrategia de Puigdemont
Intentar una exégesis jurídica del texto que pretende reflejar la ley articulada para la celebración del referéndum secesionista el próximo 1 de octubre resulta por completo inútil. El documento es tan banal desde el punto de vista técnico y tan inconsistente en su fundamento normativo que sólo puede entenderse como una provocación consciente al Estado para que este acumule razones para reaccionar del modo que Puigdemont y el núcleo duro que le aconseja y controla el proceso pretenden: con el ejercicio de la coacción constitucional prevista en el artículo 155. Si la secesión no fuese posible por la intervención estatal –total o parcial– sobre las facultades ejecutivas o parlamentarias de la Generalitat de Catalunya, su propósito se habría cumplido con creces: demostrar que, una vez más, el Estado español yugula por la fuerza las legítimas aspiraciones del pueblo catalán. Carles Puigdemont y su entorno más inmediato –que no es necesariamente el Govern– tratan por todos los medios de provocar una respuesta coactiva, intentan hacerla inevitable e, incluso, emplazan a que lo sea al asegurar que “damos miedo y daremos mucho más”.
La reiteración de suspensiones cautelares de acuerdos y leyes y su posterior declaración de nulidad por infracción de artículos esenciales de la Carta Magna ha terminado por hacer rutinaria la reacción gubernamental que carece así de capacidad disuasoria. Tampoco las inhabilitaciones penales comportan una impresión pública de máximo reproche social porque se presentan ante la ciudadanía catalana como pruebas de sacrificado patriotismo. La respuesta del Gobierno de que la ley del Referéndum será contestada en “veinticuatro horas” resulta menor ante las hechuras del envite secesionista. Y, desde luego, la seguridad de que antes o después, los tribunales ordinarios y el Constitucional intervengan, no parece frenar en absoluto la energía destructiva con la que circula en rumbo de colisión la estrategia de Puigdemont. El Gobierno está haciendo ímprobos esfuerzos por tratar de mantener, en el fondo y en la forma, una política que no asuma la envergadura del desafío soberanista que es tanta y de tan profundo calado que deja la posición del Ejecutivo de Rajoy en una situación complicada.
De otra parte, la negativa del Constitucional a utilizar sus facultades –temporales y no punitivas– para hacer efectivo el cumplimiento de sus sentencias implica que la respuesta gubernamental a través del fiscal y los tribunales penales se difiera ad calendas graecas, perdiendo así su eficacia. En última instancia, y aunque no lo desee en modo alguno, el Gobierno no tendría más remedio que acudir al Senado para que le autorice a aplicar el 155 de un modo selectivo bajo el principio de mínima intervención, hipótesis que el PSOE de Sánchez rechaza por completo. Eso es, precisamente, lo que desea Puigdemont y su sanedrín. Cuando no se puede ganar la partida hay que transformar el fracaso en un éxito y para el president lo sería si logra convocar el referéndum y el Estado lo evita aplicando medidas coactivas. Como me confesaba una dirigente independentista, si transcurre el mes de julio sin que el Gobierno central haya frenado los preparativos de la consulta, esta terminará por celebrarse porque se está produciendo una acumulación de fuerzas inversamente proporcional a las aparentes –sólo aparentes– moratorias que se concede la Moncloa.
En este contexto, la destitución del conseller de Empresa, Jordi Baiget, ha significado para la estrategia de Puigdemont una gravísima contrariedad. No sólo porque le ha enfrentado a su partido –que también– sino porque, en sinergia con ese trasunto de borrador legislativo sobre la consulta, le agudiza el estilo autoritario que ya le caracteriza y que acaba de enfatizar el Consell de Garanties Estatutàries.
Sin embargo, el exconseller expuso reflexiones ampliamente compartidas pero que en su boca y en este momento podrían provocar una cierta desmovilización en las tensas y prietas filas del independentismo que están sometidas a la sugestión de que la independencia es posible y a las que se les está alentando progresivamente a que este grave episodio no deje de pasar por la agitación callejera.
Jordi Baiget, sin embargo, se ha limitado a constatar que es muy difícil que se celebre el referéndum por la “fuerza del Estado”, que una parte del Govern “no está en el núcleo duro de las decisiones que se toman”, que el Tribunal Constitucional impone respeto, que está dispuesto a ir a la cárcel pero no a enajenar su patrimonio con perjuicio de su familia y que lo previsible es que nos encontremos ante un nuevo 9-N del 2014 con la incógnita –a efectos de medir su éxito o su fracaso– de cuál será la participación, si superior o inferior a la de aquel “proceso participativo”. En el fondo de las declaraciones de Baiget –entendidas por sectores del PDECat– late un análisis realista que es, justamente, el que Carles Puigdemont rechaza por completo. Y su cese se ha valorado como un agravio que explicitó con plasticidad Francesc Homs al sugerir que mientras unos cardan la lana –los exconvergentes, únicos condenados por desobediencia– otros se llevan la fama –es decir, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP–.
En último término, el movimiento independentista deja ver a través de reflexiones como las de Baiget, las fisuras de una arquitectura estratégica que es efímera porque busca desesperadamente una reacción coactiva del Estado que libere a los impulsores del proceso de ulteriores responsabilidades y cargue con la de abrir un nuevo tiempo en Catalunya y, seguramente, en el conjunto de España.
En definitiva, el Gobierno central maneja de manera constante una estrategia judicial y administrativa que impida la logística de la consulta, y la Generalitat trata de diseñar otra de confrontación que obligue a Mariano Rajoy a una respuesta política. La cuestión es hasta cuándo y hasta dónde va a apurar el margen el presidente del Gobierno.
El president ha diseñado una confrontación buscando una respuesta coactiva
del Estado; el Gobierno pretende
una respuesta judicial, no política