Secretarios e interventores municipales se desmarcan del 1-O
Los funcionarios reivindican su lealtad a la Constitución
El Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Catalunya ha salido al paso de las recientes informaciones que les involucran en el referéndum que prevé convocar el Govern subrayando que su deber y su código ético les obliga a actuar en “defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad e imparcialidad política”. La nota del Consejo advierte además que los funcionarios se mantendrán fieles a “las leyes, los reglamentos y las normas e instrucciones que sean aplicables al cumplimiento de sus deberes”. “En cualquier caso, –añaden– deben permanecer siempre fieles al espíritu y al texto e la Constitución española y a la normativa autonómica y europea”.
La nota pretende aclarar la posición de los funcionarios de designación del Estado que tienen la labor de garantizar la solvencia jurídica y financiera de las decisiones que adoptan las administraciones independientemente de su color político.
Esta declaración fue aprovechada ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría para afirmar que “la Generalitat ha perdido completamente la neutralidad institucional”. Así, denunció que “las presiones a los funcionarios ya son la tónica, y algunos para no asumir la responsabilidad de sus propios actos le echan la culpa a los interventores”, aseguró. “Nosotros estamos para amparar al conjunto de los empleados públicos en Catalunya, y sobre todo para evitar que la Generalitat los ponga como escudo a la hora de llevar a cabo decisiones que son ilegales”, subrayó la vicepresidenta.
Santamaría también denunció “las presiones” que estaría ejerciendo contra los medios de comunicación, y el “acoso” que estarían sufriendo los grupos no independentistas en el Parlament y en sus sedes, “por parte de las CUP”.
La vicepresidenta también replicó a la posición de Ada Colau de “facilitar” que los ciudadanos puedan votar el 1-O. “Hoy la presión es también por parte de los independentistas a los Comunes. Es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad”, criticó. “Pero sí digo una cosa con claridad meridiana: no sometan a los empleados públicos y a los funcionarios de la Generalitat o de los ayuntamientos a ningún tipo de tensión, ni a tener que tomar ninguna decisión que pueda suponerles cualquier intranquilidad. Y las facilidades no son dificultades para los funcionarios, que tienen derecho a hacer su trabajo dentro de la legalidad. Este es un punto en el que tenemos que poner el acento, porque es importante”. La vicepresidenta también atizó contra las presuntas “presiones” a los alcaldes. “La Generalitat, que busca voluntarios para firmar las decisiones ilegales, quiere endosarles la responsabilidad de la organización a los alcaldes y a los concejales. Las presiones las ponen ellos para que la responsabilidad la asuman otros”, denunció Sáenz de Santamaría.