El TSJC tumba el recurso de Borràs e investigará la licitación de las urnas
La estrategia adoptada por el Govern de organizar el referéndum eludiendo la firma de órdenes explícitas no pasó el filtro del TSJC que seguirá con la investigación a Meritxell Borràs y al ex secretario general de la conselleria Francesc Esteve por la presentación de licitación para la compra de urnas para el referéndum, un concurso que quedó desierto. La Sala Civil y Penal del TSJC desestimó ayer el recurso presentado por la consellera de Governació y el que fuera su brazo derecho Francesc Esteve. El alto tribunal no ha validado los argumentos empleados por los defensores del Govern que acusaron a la Fiscalía de presentar una querella haciendo un “uso preventivo del derecho penal” que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A su entender, el ministerio público al iniciar el proceso judicial “pretende dar forma jurídico penal a hechos que no han ocurrido” y advirtieron de que las urnas podían servir para otras contiendas electorales.
Sin embargo, el TSJC apunta a que el concurso impulsado por la conselleria para la compra de las urnas es “una resolución administrativa orientada a infringir el mandato constitucional” ya que la partida de los presupuestos destinada a gastos vinculados al referéndum está suspendida por el TC. Por esta razón el tribunal considera que no se trata de un “hecho aislado” que el concurso para la adjudicación de las urnas se presentara cinco días después de la aprobación de esa partida presupuestaria y que un mes más tarde el president de la Generalitat anunciara la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre. El TSJC por tanto proseguirá con la investigación a Borràs y a Esteve a quienes se presume que citará a declarar próximamente.
El Govern criticó ayer que el TSJC haya decidido seguir adelante con el proceso judicial. La portavoz Neus Munté reiteró la idea de que “es una querella preventiva sin base jurídica” y envió mensajes de apoyo a los dos investigados. La Generalitat siempre ha defendido que forma parte de sus competencias la compra de urnas y que en su día las compró el gobierno andaluz y no pasó nada.
La causa contra Borràs y Esteve se instruirá en paralelo a la que hay abierta en el juzgado 13 de Barcelona contra el exmagistrado y senador de ERC, Santi Vidal, por el contenido de sus conferencias en las que aseguraba que se recopilaban datos fiscales de los catalanes y por la campaña institucional del Govern en el exterior, causa por la que fueron citados a declarar varios funcionarios a finales del mes pasado ante la Guardia Civil.