La UE dirimirá los litigios de la caída del Popular
Los inversores en bonos del banco cuestionan su resolución
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será el encargado de resolver posibles litigios en torno a la liquidación del Banco Popular, afirmó ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. “Las decisiones de resolución son un acto de la UE y pueden ser recurridas en el marco del Tratado de la UE. En este caso, dependería del Tribunal de Justicia europeo decidir sobre tales recursos”, explicó Dombrovskis después que trascendiera que varios grupos de inversores preparan acciones legales contra la decisión con la que la Junta Europea de Resolución (JUR) estrenó sus poderes, la liquidación de la noche a la mañana del que era el sexto banco español.
Si bien Bruselas deja claro que la decisión fue europea y europeo deberá ser el posible enjuiciamiento del proceso, la cuestión de a quién le toca pagar posibles compensaciones (a organismos nacionales, europeos o al Santander) deberán dirimirla los tribunales. El gobierno español sostiene que la factura corresponderá a Europa y no al FROB (el fondo de rescate español), que actuó siguiendo sus indicaciones, insiste el ministro de Economía, Luis de Guindos. “Hay un supervisor único, que es el BCE, y una Junta Única de Resolución, que se encarga de las resoluciones o liquidaciones de los bancos. Y ellos han sido los responsables”, declaró ayer Guindos en Bruselas. El Gobierno se ha alineado con la UE y sostiene que la resolución del Popular se hizo conforme a la ley y será “un modelo” de cara a futuras actuaciones europeas.
La presidenta de la JUR, Elke König, describió ayer ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara resolución del Popular como “un auténtico éxito”. “No tuvimos un contagio al sistema financiero y no se utilizaron fondos de los contribuyentes”, defendió. Sus argumentos no convencieron a muchos eurodiputados, que cuestionaron el diferente trato otorgado a dos bancos venecianos días después y la toma de decisiones que llevó a liquidar el Popular. “Un supervisor debe ser absolutamente discreto en la fase de análisis y totalmente transparente en la fase de actuación y usted, lamentablemente, ha seguido una secuencia diametralmente opuesta”, le espetó Jonás Fernández (PSOE), en alusión a que König citara al Popular por su nombre en una entrevista con la agencia Bloomberg dos semanas antes de su caída y una filtración posterior a Reuters sobre los problemas del banco. Estas informaciones hundieron la cotización de las acciones del banco y precipitaron la fuga de depósitos.
La Junta salió ayer al paso de las acusaciones de opacidad mediante la publicación de la versión “no confidencial” de su decisión. El organismo no piensa sin embargo publicar el informe elaborado por la consultora Deloitte, clave en el proceso, que valoró al Popular en entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos debido a que contiene “datos confidenciales”; el JUR teme además que ninguna otra consultora quiera trabajar con ellos en el futuro si desvela el informe, explican fuentes europeas.
Accionistas y bonistas perjudicados por la decisión reclaman estas informaciones para preparar sus recursos. El despacho de abogados londinense Quinn Emanuel Uruhart & Sullivan estudia presentar una demanda en nombre de un grupo de tenedores de deuda júnior (fondos, Pimco entre ellos) por 850 millones. En España, Cremades & Calvo-Sotelo prepara una demanda contra la JUR en nombre de 1.200 minoristas, según Expansión; el inversor mexicano Antonio del Valle planea actuar contra la JUR y el FROB español.
Un despacho de Londres estudia una demanda en nombre de fondos que perdieron 850 millones en bonos