El patrimonio de Mas
La investigación busca aclarar si se malgastaron cinco millones con el 9-N
El Tribunal de Cuentas ultima sus primeras decisiones sobre la denuncia por supuestas responsabilidades contables en la organización del 9-N.
El Tribunal de Cuentas va a ultimar en pocos días sus primeras decisiones sobre la denuncia contra Mas, Ortega y Rigau por supuestas responsabilidades contables en relación con la consulta del 9-N. Se encargará del asunto la consejera Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer gobierno de Aznar, entre 1996 y 2000.
En la institución se da por hecho que se va a abrir el expediente y se nombrará un delegado instructor, quien a su vez tendrá que elaborar un informe. Si el instructor estima que pudo existir dicha responsabilidad contable, porque se empleó dinero público de forma irregular, los tres denunciados tendrán que depositar una fianza por valor de 5.129.833 euros, que es la cifra que según la Fiscalía se utilizó indebidamente para la convocatoria y desarrollo del 9-N. En caso de no constituirse dicha cantidad, la sección de enjuiciamiento podrá embargar a los tres investigados bienes bastantes para cubrir la fianza.
No hay un plazo concreto para esta investigación preliminar. Pero no suele durar más de tres meses, porque todo se basa en el requerimiento de documentación y en su estudio. No hay declaraciones, ni registros, ni testigos a los que llamar e interrogar.
Con toda probabilidad, el expediente ya estaría abierto de no haber mediado una disputa preliminar entre la Generalitat y la Abogacía del Estado, que está a punto de resolverse. El hecho es que la Abogacía pidió tener vista de la denuncia en la que reside el origen del asunto, presentada por Societat Civil Catalana y por la entidad Abogados Catalanes por la Constitución. La Generalitat, a su vez, recurrió contra esta intervención de la Abogacía, por considerar que en este asunto nunca estuvieron comprometidos fondos del Estado, sino en todo caso de la administración catalana. Por tanto –sostiene la Generalitat– la Abogacía carece de “legitimación activa” para intervenir en este proceso. “La Administración del Estado –alega el Gabinet Jurídic de la Generalitat– no ostenta la posición de administración perjudicada en el presente procedimiento”. Por ello, esta parte considera que la Abogacía quiere participar en el expediente porque tiene “un interés extraprocesal”, consistente en la “instrumentalización del Tribunal de Cuentas”, como lo tienen “las asociaciones denunciantes”. Ese interés de la Abogacía –prosiguen las alegaciones citadas– consistiría en “una voluntad de la Administración del Estado de incidir en la realidad política –afirma– con un nuevo instrumento procesal”.
La Generalitat también afirma que la actuación de la Abogacía del Estado atenta “directamente contra el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas”. En los escritos de alegaciones enviados al Tribunal de
La Generalitat alega que la Abogacía del Estado tiene un “interés extraprocesal” en la investigación
Cuentas, la Generalitat, a su vez, no se consideraba perjudicada por los gastos relacionados con el 9-N y subrayaba que los correspondientes interventores no formularon objeción alguna. Societat Civil Catalana va a pedir que se identifique a tales funcionarios y estudia ampliar la denuncia para incluirlos.
Aunque la Abogacía no fuera admitida en el proceso, en el asunto ya interviene la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Los fiscales han pedido que se abra el correspondiente expediente, porque estiman que existen indicios claros de responsabilidad contable, con independencia de que en el Supremo no se acusara a Mas, Ortega y Rigau de malversación de fondos. La Fiscalía no lo hizo para evitar el riesgo de una condena a penas de prisión.