La UE exige a Londres que asuma que irse “no es fácil y saldrá caro”
Barnier reclama al Gobierno de May que se posicione sobre la factura del Brexit
Bruselas endureció ayer el tono para sacar a Londres de su aparente estado de negación sobre las consecuencias del Brexit y le exigió que arregle cuentas con la Unión Europea antes de irse si pretende pasar a la segunda fase de las conversaciones, la que más interesa a las dos partes: la negociación del acuerdo sobre su futura relación.
“No es un castigo ni mucho menos una venganza”, como algunos lo describen en Londres, se indignó el negociador europeo, Michel Barnier. “Se trata ni más ni menos que de saldar cuentas. No es fácil y saldrá caro, pero hay que resolver los asuntos del pasado para poder hablar del futuro”, advirtió el diplomático francés un día después de que el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, afirmara en términos despectivos que la UE “va lista” (go whistle, literalmente, “puede ponerse a silbar”) si pretende que Londres pague una “suma desorbitada” por dejar el club. “Yo no oigo ningún silbido, sólo el tic tac del reloj”, replicó Barnier sin ocultar su impaciencia por la actitud británica y la demora que empiezan a acumular las negociaciones. El 29 de marzo del 2019 el Reino Unido debería salir por la puerta de la UE.
Desde la primera toma de contacto en junio, Londres y Bruselas han intercambiado propuestas sobre los derechos de los ciudadanos y han empezado a hablar sobre la situación en que quedará la frontera con Irlanda. Sin embargo, el Reino Unido no ha enviado ninguna posición sobre el tercer asunto que se acordó abordar en primer lugar, el dinero. Así es imposible identificar en qué puntos se está de acuerdo y en cuáles no para poder empezar a hablar, se queja Bruselas.
Sin avances sobre los tres temas, los Veintisiete no aceptarán hablar del marco de relación futura entre la UE y el Reino Unido sobre comercio y seguridad, recalcó Barnier. “Es una cuestión de confianza. ¿Cómo puede construir una relación a largo plazo si no hay confianza?”, planteó. Ayer ni siquiera estaba confirmado que la delegación británica que el lunes se espera en Bruselas fuera a estar dirigida por su negociador jefe, David Davis.
La UE exige que Londres asuma las contribuciones que en su día prometió hacer al presupuesto comunitario hasta el 2020. Bruselas cuenta con ese dinero para financiar sus diferentes programas y subvenciones. También se incluye en el cómputo otros conceptos, como el pago de pensiones de los funcionarios europeos. Aunque no hay cifras oficiales sobre la suma que reclamaría la UE, los cálculos oscilan entre 60.000 y 100.000 millones. Barnier no aspira a llegar a un acuerdo ya sobre la cifra final, que tardará años en determinarse, sino sólo sobre el método de cálculo.
Las posiciones de partida sobre los derechos de los más de cuatro millones de ciudadanos europeos afectados por el Brexit (comunitarios residentes en el Reino Unido y británicos residentes en la UE) están también aparentemente alejadas. La UE considera insuficiente la propuesta británica porque, entre otras razones, no reconoce la autoridad del Tribunal de Justicia europeo para defender sus derechos. El tema es explosivo en el Reino Unido. Una de las motivaciones del Brexit fue precisamente librarse de la jurisdicción de la Corte europea. “No pretendo poner a nadie al límite para que se levante de la mesa con esta propuesta”, declaró Barnier; “la negociación aún no ha empezado”, añadió. La UE está abierta a explorar fórmulas alternativas, como tribunales mixtos de arbitraje, afirman fuentes europeas.
“El Reino Unido debe entender y asumir las consecuencias de su propia decisión soberana de abandonar la UE”, insistió ayer el diplomático francés. A la vista del guirigay imperante en el Reino Unido sobre cómo afrontar el Brexit, Bruselas ha redoblado la intensidad de su baño de realidad sobre las consecuencias de la separación. Ninguna relación futura será tan buena como estar dentro del club, insiste en recordar con la esperanza de reforzar las voces a favor de un Brexit suave menos traumático para las dos partes que el que pretende el Gobierno de Theresa May.