Alerta Constitucional
Los magistrados cuentan con que en la segunda quincena de agosto se celebrará un pleno extraordinario para parar el 1-O
El Alto Tribunal se mantiene a la espera de tomar medidas por el referéndum del 1-O.
Por segundo año consecutivo, el Tribunal Constitucional (TC) no va a bajar este año la persiana durante el mes de agosto. Esta semana va a tener lugar el tradicional pleno escoba, en el que el TC trata de limpiar cajones cerrando asuntos ya suficientemente debatidos. Pero la verdadera preocupación se sitúa en la segunda quincena de agosto, cuando se espera una activación de las leyes –previsiblemente la de transitoriedad y la del referéndum– que, de acuerdo con los planes de la Generalitat, deberían dar lugar al referéndum del próximo 1-O.
En el TC se sabe que al Gobierno le faltará el tiempo para recurrir las disposiciones que intenten poner en marcha en el Parlament con el fin de llamar al pueblo de Catalunya a las urnas. Y que habrá que reaccionar con rapidez. Por tanto, las instrucciones que el presidente del TC, Juan José González Rivas, ha dado a los magistrados de la institución es que no se vayan muy lejos, que estén localizables y que tengan la posibilidad de regresar a Madrid en veinticuatro horas.
Lo mismo, o parecido, vale para el Consejo de Estado. El papel de esta institución será elaborar por trámite de urgencia los dictámenes que puedan resultar imprescindibles si el Gobierno quiere presentar recursos de inconstitucionalidad contra las normas que puedan llegar al Parlament con la finalidad de hacer posible el 1-O. Estos informes del Consejo de Estado no son vinculantes, pero sí preceptivos. Su virtualidad habitual consiste en que refuerzan las posiciones de la Abogacía del Estado, que es la que formalmente presenta los recursos de inconstitucionalidad.
Lo previsible, por tanto, es que si el Parlament se registra cualquier tipo de disposición tendente a concretar legalmente la convocatoria del referéndum, el Consejo de Estado primero y el Constitucional inmediatamente después, darán los pasos necesarios para desactivar y suspender dichas normas por vía de urgencia. Ya lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que al Ejecutivo le bastarían 24 horas para dejar sin efecto cualquier hipótesis de consulta ilegal.
En el Constitucional existe una doctrina muy consolidada que haría imposible cualquier intento de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación. Esa doctrina indica que, de acuerdo con la Constitución vigente, la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no es parcelable. El pueblo de Catalunya, por tanto, no puede decidir sobre su eventual segregación de España, porque una opción de esta naturaleza sólo podría proponerse a toda la sociedad española, no a una parte. Es, por tanto, seguro que cualquier intento de convocar un referéndum del que pudiera derivarse la separación de Catalunya del conjunto de España va a recibir esa respuesta. La unanimidad del Constitucional, que se ha mantenido invariablemente firme en este punto desde el inicio del proceso soberanista, está más que asegurada en relación con la inconstitucionalidad de cualquier referéndum de autodeterminación.
En el TC, con todo, hay cierta inquietud porque la secuencia de los acontecimientos puede introducir en las próximas fechas algunas variables. Por ejemplo, que haya que pronunciarse sobre alguna ley cuando este registrada y antes de que la apruebe el Parlament. En el TC se tiene la convicción de que el Gobierno recurrirá cualquier disposición sobre el 1-O. Y en este sentido la sombra del plan Ibarretxe es alargada.
En aquel momento, el TC consideró que no debía pronunciarse sobre una norma con rango de proyecto de ley hasta que, en su caso, fuera aprobada. Esta vez, sin embargo, el caso podría ser distinto, porque el Constitucional ya ha ordenado en diversas sentencias que no se lleve a cabo ninguna iniciativa relacionada con el referéndum. Habrá que ver, en suma, si el TC entra de lleno contra cualquier actuación sobre el referéndum o, sin poner en riesgo su propia doctrina sobre el fondo del asunto, espera a tener la pieza bien centrada en la mirilla. Es decir, hasta que entre en juego el Parlament.
En todo caso, la mayor inquietud en el TC reside en la posibilidad de que el Gobierno le pida que aparte de su puesto o suspenda a algún alto cargo de la Generalitat, por estimar que haya desobedecido los mandatos de sentencias anteriores sobre el proceso soberanista. En este punto, la unanimidad no está asegurada. Y puede que por eso mismo el Ejecutivo no llegue a accionar esta palanca, por el riesgo de que el TC se divida. Aunque en el propio Constitucional se especula con que ése podría ser para el Ejecutivo un mal menor, y que tal vez prefiera asumirlo, si la alternativa es tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución para tomar el control de algún departamento de la Generalitat.
JOSÉ MARÍA BRUNET La unanimidad del TC no está asegurada si el Gobierno le solicita que suspenda a algún cargo de la Generalitat