Inversión en carreteras
LAS inversiones en infraestructuras han sufrido grandes retrocesos en los últimos años como consecuencia de los recortes presupuestarios exigidos para ajustar los niveles de déficit público. Ello ha tenido, entre otros, un importante impacto negativo en el mantenimiento de la red viaria del país, que acumula un creciente deterioro que habría que corregir. Por ello hay que aplaudir la iniciativa del Gobierno para impulsar un ambicioso plan de inversiones, por valor de 5.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, destinado a la conservación y mejora de las carreteras. Este importe supone multiplicar por seis la actual capacidad inversora del Ministerio de Fomento en la red viaria.
La patronal del sector de las obras públicas (Seopan) estima que el déficit de inversiones en la red viaria que acumula el conjunto del país es de 26.000 millones de euros. Pero, pese a ello, valora positivamente la iniciativa del Gobierno porque supone un primer paso para la recuperación de un sector vital para el desarrollo económico.
El compromiso del Estado español con los objetivos de déficit público exigidos por la pertenencia al euro no permite todavía, pese al crecimiento económico, excesivas alegrías presupuestarias. Lo interesante del plan presentado por el Gobierno, en este sentido, es que se financiará con fórmulas de participación público-privada que diluirán a largo plazo su impacto en las cuentas públicas. El sistema de financiación previsto es el de pago por disponibilidad, mediante el cual las empresas a las que se adjudiquen las obras asumirán el coste de construcción y el mantenimiento de las obras por un periodo de treinta años a cambio de un canon anual que abonará el Estado. La utilización de esta fórmula de financiación se ha generalizado en Europa. La desconfianza inversora por la inseguridad jurídica existente en España, como consecuencia de incumplimientos anteriores en los compromisos del país, podría dificultar sin embargo la captación de la inversión privada necesaria.
El plan de inversión en carreteras se desplegará en una veintena de corredores viarios, que se detallarán después del verano, en los que Catalunya debería reivindicar su parte correspondiente. El objetivo del plan es completar los tramos pendientes de la Red Transeuropea de Transporte, para los cuales se podría contar con financiación del plan Juncker, resolver cuellos de botella en las vías existentes y adaptar las principales autovías en servicio a los últimos estándares de seguridad, ruido y emisiones. Además de los efectos que tendrán estas actuaciones en materia de mejores comunicaciones, mayor competitividad, seguridad vial y medio ambiente, el Ejecutivo espera que sirvan para dinamizar la economía con la creación de 150.000 empleos durante los periodos de construcción y cerca de 40.000 durante el posterior mantenimiento.
El plan para la puesta a punto de la red viaria del país deberá hacerse con un cuidado control financiero, para evitar sorpresas en sobrecostes ocultos, como ya ha sucedido demasiadas veces anteriormente, y con una adecuada selección de los proyectos, en función de su rentabilidad económica y social, para evitar los despilfarros en la inversión en infraestructuras de cemento que tanto se han prodigado en el pasado. No hay que volver a repetir errores.
La citada iniciativa del Gobierno suscita, también, otra reflexión: disponer de carreteras en buen estado es necesario, pero este país no empezará a cambiar de verdad hasta que se ponga el mismo interés en las infraestructuras del conocimiento, la investigación y la educación para propiciar un nuevo modelo productivo que garantice un futuro de progreso y bienestar.