Motín ‘solidario’ en El Prat
Cómo no va suceder semejante despropósito en Catalunya cuando el Gobierno se salta con alegría las leyes y hay movimientos que defienden el derecho de toda persona a entrar en ese país, con o sin documentación?
El vuelo entre Barcelona y Dakar de Vueling del sábado registró el motín más lamentable y menos literario de la historia de los motines aéreos, terrestres y navales. Dos policías escoltaban a un senegalés al que se le había negado la entrada en los controles del aeropuerto por carecer de la documentación pertinente. No hablamos, pues, de alguien que se ha jugado la vida en alta mar, lo que, desde mi perspectiva, le resta compasión.
El senegalés empezó a gritar –iba esposado pero en ningún momento fue objeto de maltrato– y entre seis y once pasajeros ocuparon el pasillo para exigir que fuese desembarcado y pudiera entrar en el país.
Se armó el pitote, el capitán avisó a la Guardia Civil y evacuaron al indocumentado. Una de las pasajeras solidarias celebró eufórica el triunfo momentáneo –“ho hem aconseguit!”– y lo colgó en su cuenta de Twitter. Después, claro, todo el pasaje consiguió ser evacuado y reembarcado horas más tarde salvo los solidarios. He aquí su declaración, con tintes de toma de la Bastilla: “Cuando hemos visto que un pasajero gritaba porque volaba contra su voluntad, hemos tenido claro que se estaban vulnerando los derechos humanos. No podíamos salir”.
El vuelo fue retrasado cuatro horas, lo que obligó a su vez a demorar muchas más el Dakar-Barcelona para que la tripulación pudiera descansar.
La proeza fue muy celebrada por la organización Stopdeportation, que denuncia que compañías aéreas –como Vueling o Iberia– embarquen a personas extraditables y también por el concejal Jaume Asens, del Ayuntamiento de Barcelona, que expresó su apoyo por tuit a los amotinados. Nadie ha negado la versión oficial de que el senegalés en cuestión carecía de la documentación necesaria.
Es cierto que había otras opciones. Por ejemplo, fletar un avión a Dakar con un pasajero y dos policías –o uno si me apuran– y cargar el gasto al Estado. O hacerle esperar en la comisaría de El Prat hasta llenar un chárter con otros compatriotas indocumentados.
Cuando la Generalitat por su causa y el Ayuntamiento de Barcelona por la suya avalan el “derecho” de cada uno de nosotros a saltarnos leyes democráticas, suceden hechos como este, menor pero significativo: un grupo de pasajeros –algunos turistas– se anima y se cree con derecho a retrasar un vuelo porque extraditan a alguien que les cae bien (¡qué colonialista es esa simpatía por el negrito!, ¿hubiesen protestado por un moldavo?).
Yo me solidarizo con los que sufrieron el retraso monumental y me alegro de vivir en un país que no trató al senegalés que gritaba como hubiesen hecho en Estados Unidos.
Mi palabra es la ley: un grupito de pasajeros demora horas un vuelo a Dakar para evitar una extradición lógica