Ontario Teachers’ cierra la compra de Mémora
El fondo adquiere la funeraria a 3i por cerca de 450 millones
Ontario Teachers’ Pension Plan y 3i firmaron ayer la compraventa de Mémora por un importe cercano a los 450 millones de euros, confirmaron fuentes de toda solvencia. La operación, adelantada por La Vanguardia el pasado miércoles, supone un cambio de perfil radical en el accionariado del mayor grupo funerario de la península Ibérica, que pasa de estar controlado por una empresa de capital riesgo a ser dirigido por una entidad muy conservadora en sus inversiones y preocupada por el rendimiento a largo plazo.
De la mano de Ontario, el equipo directivo –liderado por el consejero delegado, Juan Jesús Domingo– se ha involucrado a fondo en el futuro de Mémora, ya que cuenta a partir de ahora con una participación significativa en el capital, que podría llegar al 10% en el futuro en el caso de que se cumplan determinadas condiciones pactadas. La idea de Ontario y de la dirección es coincidente al apostar por una gestión no agresiva y por un crecimiento sostenido en el tiempo.
Mémora es el primer grupo funerario de España, con más de 180 millones de euros de facturación en el 2016. La compañía, cuya principal activo es Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) –la antigua funeraria pública de la ciudad– presta unos 50.000 servicios fúnebres al año en el medio centenar de crematorios y cementerios que tiene. El negocio es muy estable y el cambio accionarial no debería comportar ningún sobresalto a nadie. El apoyo de Ontario, que controla la mayoría de la primera funeraria francesa, fortalecerá esta posición.
Ayer, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona dijeron que para el Consistorio era indiferente quién fuera el propietario y recordaron lo firmado cuando se produjo la privatización de SFB. “En virtud del contrato, el Ayuntamiento podrá reclamar la compra del 15% de la empresa por 28 millones de euros cuando lo estime oportuno”, dijeron las fuentes. Asimismo, apuntaron que el Ayuntamiento mantiene su intención de crear una funeraria pública, aunque por ahora el grupo que preside Ada Colau no cuenta con los apoyos políticos necesarios para llevarlo a cabo.