Las webs de alquiler se escudan en la privacidad de los caseros
Airbnb y HomeAway critican que Hacienda las obligue a informar sobre sus clientes
estas plataformas identifiquen los nombres, apellidos y NIF de sus clientes y, en su caso, los de los propietarios de las viviendas, con la correspondiente referencia catastral. La información debe abarcar también los datos del alquiler turístico. Las plataformas de internet como Airbnb y HomeAway, dedicadas al alquiler de pisos turísticos, alegan la protección de datos de los caseros para rechazar el decreto que prepara Hacienda para obligarlas a informar de las operaciones que intermedian. Hacienda quiere que
Las plataformas digitales dedicadas al alquiler estacional están analizando al detalle el decreto por el que Hacienda se ha propuesto obligarles a facilitar todo tipo de información sobre las personas que, a través de sus webs, alquilan viviendas a turistas. Tanto Airbnb como HomeAway coincidieron ayer en mostrarse dispuestas a hablar con la Agencia Tributaria sobre cómo mejorar la tributación de este pujante negocio, mediante una normativa ahora en consulta pública. Sin embargo, en ambos casos apuntaron como principal obstáculo la actual normativa comunitaria sobre protección de datos.
“Los datos personales están sujetos a leyes de protección de datos y privacidad muy estrictas”, advierten desde Airbnb. Al tiempo, defienden que hay que distinguir entre “tener acceso a datos” y “tener acceso a detalles personales”, y hacen referencia a la directiva que considera datos personales, los que permiten identificar a una persona.
En un sentido similar se expresa la web HomeAway: “Estamos analizando el texto del real decreto, para conocer las implicaciones legales, sobre todo para comprobar si choca con las directivas europeas sobre protección de datos”. En la plataforma insisten en que los datos personales de “los usuarios de un proveedor de la sociedad de la información es una cuestión muy delicada”.
El cambio de normativa, que busca según Hacienda prevenir el fraude fiscal, supone obligar a las plataformas de alquiler vacacional a identificar periódicamente con nombres, apellidos y NIF a los caseros y, en su caso, a los propietarios de la vivienda, así como proporcionar la referencia catastral del inmueble. También han de detallar cuántos días ha estado ocupado el piso, por quién y el importe de lo ingresado por dicho alquiler. Fuentes jurídicas consideran que el punto más delicado sobre la protección de datos se concentra en toda aquella información que las webs deberían empezar a solicitar para atender a Hacienda y que “no son necesarios para el negocio”. Por ejemplo, citan la referencia catastral o la identificación obligatoria del propietario (aunque no sea el que alquile).
Fuentes de HomeAway –que cuenta con 100.000 anuncios de alojamientos en España– apuntan además a “limitaciones técnicas y a modelo de negocio”, a la hora de aplicar las exigencias que establece el nuevo decreto. El texto del decreto señala que toda la información sobre las transacciones y los arrendadores se deberá facilitar de forma periódica, dejando para un posterior desarrollo normativo el modelo de declaración que cumplimentar, la forma, plazo y lugar para presentarlo ante la Agencia Tributaria.
El sector hotelero, abiertamente enfrentado con estas webs especializadas en alquiler turístico por considerar que sufre competencia desleal, saluda con satisfacción la propuesta del departamento de Cristóbal Montoro. “Es lógico. Resulta necesario dar información a Hacienda, porque estas webs son plataformas de comercio electrónico y no un mero tablón de anuncios como pretenden dar a entender”, opina Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). “Tienen la obligación, porque cualquier empresario ha de comunicar a la Agencia Tributaria con el modelo 347 quiénes son sus proveedores y sus clientes”. Por ello, Estalella no aprecia colisión con la protección de datos.
El movimiento de Hacienda viene a reforzar su política de los últimos años contra la economía sumergida que se mueve en torno al alquiler de viviendas turísticas. De las visitas presenciales se ha pasado a avisar desde el 2016 a los contribuyentes detectados al hacer publicidad de sus viviendas, sobre todo en las webs especializadas. Y todo ello, gracias a un peinado en internet. Ahora, de llegar a buen puerto con las declaraciones periódicas de información, el salto en el control de alquileres en negro es cualitativo.
LA OPINIÓN JURÍDICA El conflicto está sobre todo en información que las webs hasta ahora no solicitan ARGUMENTOS EN CONTRA Las plataformas hablan también de “limitaciones técnicas y modelo de negocio”