Hacienda y los pisos turísticos
LA Agencia Tributaria quiere que las plataformas de internet que promueven y gestionan el alquiler de habitaciones y de viviendas entre particulares para usos turísticos le proporcionen información periódica y detallada de los arrendadores. El objetivo es lograr que estos últimos tributen sistemáticamente por los ingresos que obtienen a lo largo del año y que, hoy en día, pueden escapar a su control.
La iniciativa de Hacienda, en principio, parece positiva para luchar contra el fraude fiscal que puede esconderse tras la pujante actividad de alquilar viviendas a turistas y, paralelamente, para contribuir a la legalización de todas aquellas que todavía no se han dado de alta como apartamentos turísticos en los registros municipales.
El nuevo método de control mejoraría mucho el sistema seguido hasta ahora por la Agencia Tributaria, basado en el peinado de la información que publican las propias plataformas y en los movimientos de las cuentas corrientes bancarias. El año pasado detectaron a 21.500 contribuyentes con obligación de declarar ingresos al fisco. Hay que tener en cuenta que, según un estudio de la principal plataforma digital del sector, la popular Airbnb, las familias de Barcelona que se anunciaron en ella ganaron el año pasado 167 millones de euros, con un volumen medio de ingresos de 5.500 euros por vivienda como resultado de haberla compartido durante un promedio de 70 noches.
El obstáculo con el que puede encontrarse la Agencia Tributaria es que no tiene jurisdicción sobre terceros países desde los que muchas veces operan en internet las citadas plataformas y, en consecuencia, no tiene potestad legal para hacer cumplir el conjunto de la normativa fiscal. Esto obliga a buscar acuerdos amistosos de colaboración y, de momento, las plataformas más potentes del sector ya han hecho saber que ello iría en contra de la ley de protección de datos europea, un argumento poco presentable. Hacienda ya debería poder disponer a través de los ayuntamientos de la relación de los propietarios de apartamentos que tienen la debida licencia turística. El principal problema, como se sabe, está en la elevada proliferación de apartamentos ilegales y no declarados, en cuyo control y detección están empeñadas las autoridades municipales con un éxito que, de momento, como mínimo es discutible.
En cualquier caso, es evidente que las plataformas digitales que propician el alquiler de pisos turísticos entre particulares deben colaborar más activamente con Hacienda y con los ayuntamientos, para lograr una adecuada ordenación legal de esta actividad que con tanta fuerza ha irrumpido en los últimos años.