Morir por la tierra

Los asesinatos de ecologistas baten un nuevo récord con 200 víctimas en el 2016

Al menos 200 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2016 como consecuencia de disputas en las que pretendían defender el medio ambiente o sus recursos naturales en diferentes puntos del planeta. Así lo indica el informe Defender la

tierra publicado por la oenegé Global Witness. El 2016 fue el año en que se produjo el mayor número de asesinatos desde que se inició este trágico recuento en el 2002. Desde entonces, el número no ha dejado de crecer, hasta que en el 2016 se ha establecido un nuevo récord. Se han superado las 185 víctimas del 2015. El fenómeno también se expande y se observa en grandes regiones del mundo. Se ha pasado de tener registros de asesinatos en 16 países en el 2015 a 24 en el 2016.

Los conflictos se intensifican porque se registra una apropiación de tierras en regiones donde hasta ahora no se había producido una invasión de proyectos de explotación (agrícola, maderera, minera…). “La batalla para proteger el planeta se está intensificando rápidamente y su costo puede ser contado en vidas humanas. Más personas en más países se quedan sin otra opción que mantenerse firmes contra el robo de sus tierras o la destrucción de su entorno”, afirma Ben Leather, portavoz de Global Witness. Además, con demasiada frecuencia son silenciados brutalmente por las élites políticas y empresariales. “Son casos que quedan impunes, mientras que los inversores se quedan de brazos cruzados”, agrega.

La cifra es demoledora: cuatro asesinatos por semana. Como ya sucedió en el 2015, Brasil se encuentra al frente de los países más afectados (49 víctimas). Las muertes se relacionan en muchos casos (16) con los proyectos de la industria maderera, que se topó con la defensa de los bosques llevada a cabo por los ecologistas. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) atribuye este elevado número de muertes a la agresividad de los proyectos empresariales apoyados por el Gobierno (que incluyen desarrollos agroindustriales, mineros y energéticos) localizados en comunidades indígenas de pe-

PROBLEMA EN AUMENTO El número de muertes no ha dejado de crecer desde que Global Witness las registra

EL PEOR BALANCE Brasil encabeza el número de asesinatos, con 49 muertes en el último año

queña escala que viven de la agricultura tradicional y han organizado una creciente resistencia colectiva. Según la CPT, este tipo de conflicto sólo puede resolverse mediante la implementación de la política de reforma agraria establecida en la Constitución de Brasil. Además, según el informe, el Gobierno de Brasil ha debilitado la legislación ambiental existente y las instituciones de derechos humanos.

Tras Brasil, en el ranking se sitúan Colombia (37 asesinatos), Filipinas (28) y la India (16), aunque la violencia en cada uno de estos países responde a causas diferenciadas. En Colombia los asesinatos coinciden con el fin de la guerra entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. Las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora seducen a las compañías extractivas y paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan a su territorio reciben ataques por intentar recuperar las tierras que les fueron robadas durante el conflicto.

Filipinas encabeza el ranking de muertes en Asia por cuarto año consecutivo. La mayoría de los asesinatos están relacionados con industrias extractivas mineras y de carbón. Por su parte, en la India se ha triplicado el número de muertes respecto al 2015. El número ha crecido en un contexto de políticas de mano dura y de represión contra las protestas pacíficas y de acción ciudadana. El informe denuncia que la represión estatal de activistas va en aumento mediante la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos . La policía es la presunta responsable de más de un tercio de muertes.

El resultado global es que cada vez es más común que las comunidades locales que se oponen a los proyectos de sobreexplotación “se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”, señala Billy Kyte, portavoz de Global Witness, quien pide que los gobiernos intervengan para detener esta espiral de violencia. Muchos asesinatos ocurrieron en aldeas remotas o en el corazón de las selvas, lo que significa que el número real de víctimas mortales probablemente sea mucho más alto.

Casi el 40% de los asesinados eran indígenas. Las tierras que han habitado durante generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Los proyectos suelen imponerse a las comunidades sin su consentimiento, añade el informe. En este sentido, América

Latina sigue siendo la región más afectada, con el 60% de los asesinatos. También sorprenden los conflictos de explotación en parques nacionales y el gran número de guardabosques asesinados durante el 2016 en África. Un ejemplo ilustrativo es el de la República Democrática del Congo donde se registraron 9 muertes de guardaparques.

“El asesinato es el máximo exponente de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a los defensores, que incluye: amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales, secuestros y ataques legales agresivos”, señala la oenegé. Además, la criminalización de los activistas en todo el mundo también crece. Junto a ello, los litigios judiciales se usan para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el planeta, incluso en países “desarrollados” como EE.UU. A principios de este año, los legisladores de Dakota del Norte debatieron un proyecto de ley que permitiría a los conductores atropellar a un activista ambiental, asesinándolo, sin ir a la cárcel. Este proyecto de ley es la más reciente señal de este fenómeno global denunciado por Global Witness.

INTERESES ECONÓMICOS La extracción maderera y minera se extiende a áreas hasta ahora no explotadas

ATAQUES DE TODO TIPO Los litigios se usan para reprimir el activismo, objeto de creciente criminalización