La Generalitat busca aliados para implantar la viñeta

El Gobierno catalán está decidido a levantar todas las barreras de los peajes. La implantación de la viñeta, que funcionaría como una tarifa plana de entre 40 y 110 euros anuales por el uso ilimitado de todas las carreteras, se ha convertido en una de las principales líneas de actuación para el conseller de Territori, Josep Rull. Ayer presentó el plan de despliegue del nuevo sistema a todos los actores implicados: empresas concesionarias de autopistas, asociaciones empresariales, transportistas, sindicatos, entidades del sector, representantes municipales, grupos parlamentarios...

Entre todos ellos faltaba uno que es fundamental: el Ministerio de Fomento. El Estado es titular del 54% de la red de carreteras catalanas, con lo que sin su implicación todos los planes de la Generalitat quedarán en papel mojado. Pese a no estar presente en la reunión, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se encontraba de visita ayer en Catalunya y reiteró que no comparte la propuesta “porque supone una clara discriminación de unos españoles respecto a otros por el simple hecho de vivir en un territorio u otro”. El ministro, que precisamente estaba inaugurando un nuevo tramo de seis kilómetros de la autovía A-14 en Lleida, se mostró abierto a sentarse a hablar pero subrayó que la decisión que se tome “será similar en el conjunto de España”.

Con todo, desde el Departament de Territori están dispuestos a persistir amparados por el éxito del modelo que ya funciona en ocho países europeos. La fecha marcada es el 2019 y la idea con la que trabaja Rull es presentar el plan a Fomento

“con el consenso y la fuerza de diversos actores, no únicamente como Govern”. Para conseguir sumar esos aliados también se tendrá que esforzar. Ayer las empresas concesionarias estuvieron presentes en la reunión que duró cerca de dos horas pero en ningún momento abrieron la boca. Sí que lo hicieron algunos grupos políticos de la oposición y otros representantes de organismos que pusieron de relieve la necesidad de introducir una cláusula de excepcionalidad para todos aquellos conductores que circulen poco. Los planes iniciales contemplaban que todos los propietarios de vehículos deberían pagar la viñeta, como el impuesto de circulación, pero en el Grupo de Peajes se acordó la introducción de esta excepción que se deberá definir en los próximos meses. Es sólo un aspecto de los muchos que Rull se muestra dispuesto a modificar.

“El documento que tenemos es sólo un punto de partida”, remarcó el conseller, invitando a la incorporación de mejoras por parte de todos los actores implicados. La próxima reunión será la primera semana de octubre y en ella se espera que ya se avance algo más en la definición

El nuevo modelo de tarifa plana en las carreteras catalanas se quiere aplicar a partir de enero del 2019

de la propuesta. La gran decisión que tomar será si se mantiene la propuesta de tarifa plana propuesta por la Generalitat o se da un giro importante y se apuesta por el sistema de pago de distancia recorrida, defendido por Abertis cuando se enteró de las intenciones del Gobierno catalán en mayo. El conseller Josep Rull reconoció ayer que “sería más equitativo pero el sistema de control [unos arcos magnéticos que actuarían como peajes de control en las entradas y salidas de las vías rápidas] costaría mucho más dinero y podría quedar obsoleto rápidamente”.

La fecha límite para poner en marcha el nuevo sistema –sea el que sea– es el 2019 porque ese año finaliza la concesión del tramo de la AP-7 entre Vila-seca y Castellón. Para entonces habrá que tomar una decisión sobre el futuro de una de las arterias viarias principales de Catalunya que, dos años después, extingue también la concesión del resto del recorrido, desde Vila-seca hasta la frontera con Francia. Otra opción puesta sobre la mesa sería asumir el mantenimiento de las vías rápidas por parte de las administraciones públicas cuando finalicen las concesiones, pero ello supondría un incremento importante de la partida destinada a carreteras en los presupuestos.

El Govern insta a las concesionarias y entidades del sector a implicarse en la elaboración de una propuesta de consenso