El Tribunal de Cuentas actúa contra Mas por los gastos del 9-N
El fiscal general abre la puerta a investigar también a los voluntarios del referéndum
El Tribunal de Cuentas se dispuso ayer a actuar contra los condenados del 9-N para esclarecer si deben devolver a la Generalitat 5,1 millones de gasto de la consulta. El Govern replicó avisando de que nada frenará su compromiso de lograr la independencia.
El Tribunal de Cuentas abrió ayer el procedimiento por el que investigará a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs en relación con el empleo de dinero público para la convocatoria y desarrollo del 9-N. Se trata de un expediente para establecer si el expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta del Govern, la exconsellera de Ensenyament y el exconseller de Presidència utilizaron de forma indebida fondos públicos con el fin de financiar una iniciativa política para la que carecían de competencias y que había quedado prohibida por resoluciones y órdenes explícitas del Tribunal Constitucional (TC).
Lo que el Tribunal de Cuentas tiene que establecer a resultas de dicho expediente es si los ex altos cargos investigados incurrieron en responsabilidad contable. No se va a juzgar su conducta en el plano penal. En este orden jurisdiccional el 9-N es ya cosa juzgada. La responsabilidad contable entrañaría, en el caso de ser establecida, la obligación de devolver el dinero indebidamente utilizado, para paliar el perjuicio originado con las decisiones cuestionadas. Y la obligación de dicha devolución es personal de los investigados. Por tanto, en el caso de apreciarse la responsabilidad de Mas, Ortega, Rigau y Homs, deberían devolver a la Generalitat la cantidad de 5.129.833 euros, que fue lo supuestamente gastado para convocar y organizar el 9-N.
La luz verde a la investigación resulta de dos autos dictados por la consejera del Tribunal de Cuentas encargada del caso, Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar. En uno de ellos resuelve favorablemente la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el sentido de que se nombre a un delegado instructor para que investigue los hechos –cosa que hará la próxima semana–, denunciados inicialmente por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. Estas entidades, precisamente, van a ampliar hoy su denuncia a los interventores de la Generalitat que avalaron los gastos realizados. Dicha ampliación obedece a que el propio Govern se defendió ante el Tribunal de Cuentas argumentando que los interventores no manifestaron objeciones ante las partidas ahora cuestionadas.
En sustancia, el expediente se abre porque hay indicios de “alcance contable”, de mal uso de recursos públicos. Por utilizar un símil con el ámbito penal, la resolución equivaldría de algún modo a la admisión a trámite de una querella, aunque la función del Tribunal de Cuentas no es imponer sanciones, sino establecer responsabilidades y recuperar el dinero que se establezca que fue mal empleado. En el otro auto, la consejera admite la personación de la Abogacía del Estado en el procedimiento. La Generalitat se había opuesto, considerando que en el 9-N no se comprometieron recursos propios del Estado, sino en todo caso de la administración autonómica, que tiene sus propios servicios jurídicos y no precisa del Abogado del Estado para defenderse. Pero el auto estima que en el 9-N sí pudieron verse afectados “fondos públicos estatales”, y por tanto el Abogado del Estado debe ser admitido como parte interesada.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, mientras tanto, aseguraba también ayer que la Fiscalía perseguirá la compra de urnas aunque sea encubierta, después de que el Govern decidiera el martes imponer el secreto a su actuación en esta materia. “Da igual que se haga pública o encubiertamente”, advirtió Maza en declaraciones a la agencia
La próxima semana se nombrará a un instructor para estudiar el “alcance contable” El fiscal general del Estado abre la puerta a perseguir también a los voluntarios del 1-O
Efe, en las que tampoco descartó perseguir a los voluntarios que pudieran participar en la organización del referéndum. “Es un tema a estudiar”, explicó.
La conjunción entre la decisión del Tribunal de Cuentas y las declaraciones del fiscal general del Estado son para el Govern, sin embargo, una circunstancia que “anima mucho a más a seguir adelante” con la cita 1-O, según verbalizó el nuevo conseller de Presidència, Jordi Turull, para quien los dos hechos constituyen también la evidencia de que el Gobierno español “echa gasolina al fuego” del conflicto entre Catalunya y España. “Intentan apagar el fuego con gasolina, pero nosotros hacemos un tsunami democrático y el agua no se puede parar”, avisó el portavoz del Govern, que, ante la “desesperación absoluta” con que a su juicio actúan los poderes del Estado, se permitió ironizar sobre la cantidad que el Tribunal de Cuen-
tas reclamaría a los condenados por el 9-N. “Si se piensan que por cinco millones, que toca a menos de un euro por catalán, frenaremos la independencia, es para echarse a reír”, remachó Jordi Turull en un coloquio con Juan José Ibarretxe en el que el exlehendakari reafirmó su pleno apoyo al referéndum. Una idea a la que también hizo referencia Oriol Junqueras, que garantizó que habrá 1-O “aunque el precio sea de cinco millones de euros”.
Uno de los directamente afectados, Artur Mas, calificó de “insólita e impresentable” la actuación del Tribunal de Cuentas, al considerar que ya ha sido juzgado y condenado por el 9-N, pero no por el delito de malversación de fondos públicos, y que, en consecuencia, no se le puede volver a juzgar por lo mismo. “Esto no es presentable en un Estado de derecho”, lamentó el expresidente de la Generalitat, que reconoció no estar preparado para afrontar un eventual embargo de bienes ni disponer de los recursos suficientes para hacerle frente. Antes de participar en una conferencia en Andorra la Vella organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el líder del PDECat atribuyó estas actuaciones a la voluntad del Estado de “meter miedo a la gente” y comparó la situación de Catalunya con la del referéndum en Venezuela. “Mucha gente quería votar, un gobierno que no quería que votase y al final la gente ha votado”, relató Artur Mas, que, a partir de esta premisa, subrayó que “a Rajoy se le está poniendo cara de Maduro”.
Y otra de las afectadas, Irene Rigau, proclamó, por su parte, que “España es un Estado fracasado que no ha sabido crecer democráticamente”, en uno de los actos simultáneos celebrados en toda Catalunya –el suyo fue en Barcelona– por Junts pel Sí para explicar el contenido de la ley del referéndum.
“Por un euro por catalán no frenaremos la independencia”, ironiza Turull Mas ve “insólito e impresentable” que se le pueda volver a juzgar por lo mismo