David Davis
La UE y el Reino Unido chocan en derechos ciudadanos y la factura del Brexit
MINISTRO BRITÁNICO DEL BREXIT
La vaguedad con la que David Davis, el ministro británico del Brexit, está llevando a cabo las negociaciones exaspera a la UE. Acaban de concluir cuatro días de reuniones en Bruselas y Londres sigue sin comprometerse a nada.
El divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea no entrará en la categoría de separaciones amistosas. El primer contacto a fondo entre los abogados de ambas partes ha dejado claro que las posiciones de partida están alejadas en puntos clave o son aún difusas por parte de Londres, a pesar de que ha transcurrido más de un año del referéndum en que los británicos decidieron poner fin a más de 40 años de convivencia.
La impaciencia europea con la indefinición británica era patente en la rueda de prensa que el negociador comunitario, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Davis, ofrecieron ayer para hacer balance de la ronda de negociaciones celebrada esta semana en Bruselas, cuatro días de reuniones en los que se ha hablado mucho pero se ha progresado más bien poco. “La primera ronda (en junio) fue para temas de organización. Esta segunda, para la presentación. La tercera debe ser la de la clarificación” sobre las respectivas posiciones, pidió Barnier, frustrado porque Londres no presente propuestas sobre cómo calcular la factura del Brexit. “Para llegar a una solución hará falta que las partes demuestren flexibilidad”, pidió Davis, atrapado por las divisiones de los tories sobre hasta qué punto desconectarse de la UE.
Como en tantos divorcios, el dinero es uno de los grandes caballos de batalla. En este capítulo, “el único avance de la negociación” se registró de hecho la semana pasada, con la declaración ministerial admitiendo que tienen obligaciones financieras que van más allá de su salida de laUE”, afirman fuentes diplomáticas. Aun así, Davis se resistió ayer a admitir que implicarán una transferencia neta de fondos de Londres a Bruselas (presupuesto comunitario, pensiones...). La delegación londinense se limitó a hacer preguntas sobre la base jurídica de la posición europea, por ejemplo que Londres no tiene derecho a pedir su parte de los activos comunitarios, como sus edificios o satélites ya que según Bruselas pertenecen a la UE, no a los estados. El método de cálculo europeo puede elevar la factura del Brexit a 100.000 millones.
“Van a seguir mareando la perdiz todo lo que puedan. No esperamos que se muevan hasta después de la conferencia política de los tories en Manchester en octubre”, apuntan estas fuentes, que ven difícil avanzar lo suficiente para, en la cumbre de octubre, pasar a la siguiente fase de la negociación, la relación futura.
Tampoco será fácil pactar los derechos de los hijos, los más de cuatro millones de ciudadanos europeos afectados directamente por el Brexit (comunitarios residentes en el Reino Unido y británicos instalados en la UE). La Unión quiere que sus vidas sigan igual después del 29 de marzo del 2019, la fecha en que en principio el Reino Unido se irá del club, que no haya una merma de derechos, pero la propuesta del Gobierno británico no va tan lejos ni en términos de derechos para futuros miembros de la familia, cobro de ayudas sociales o movilidad.
El Gobierno de Theresa May permitirá quedarse en el país a todos los ciudadanos intracomunitarios que lleguen antes del Brexit, pero con limitaciones: si pasan más de dos años fuera del país, perderán el derecho de residencia. Los gobiernos europeos han ofrecido libre circulación a los británicos que hoy viven en algún otro país del club, pero ayer se advirtió a Londres que si hay limitaciones a la movilidad de los europeos en el Reino Unido, también las habrá para sus nacionales en la UE. Por ejemplo, un jubilado británico residente en la Costa Brava no podrá establecerse libremente en la Costa Azul francesa (sería tratado como extracomunitario). “Es una cuestión de reciprocidad”, dice un alto cargo europeo.
El punto más sensible políticamente ahora mismo es el papel del Tribunal de Justicia europeo. La UE quiere que siga siendo el organismo encargado de garantizar los derechos de los europeos en el Reino Unido. Para muchos brexiteers, en cambio, la supremacía del derecho comunitario sobre el nacional es una pérdida de soberanía inaceptable que justifica irse del club y no aceptan que, tras el Brexit, tenga algo que decir sobre su país, aunque sea sólo sobre los ciudadanos comunitarios. Es “una divergencia fundamental”, admitió Barnier, que no obstante sugirió una posible solución inspirada en los arreglos de la Asociación Europea del Libre Comercio (EFTA ).
Incluso Davis admitió esta vez que el tiempo vuela, “el reloj avanza”, como suele decir Barnier. Su ausencia durante las negociaciones (sólo estuvo en la primera reunión, el lunes, y la última, ayer) no ha sentado bien en Bruselas, aunque el británico la justifique porque dejó al frente a 98 funcionarios. Para la UE es una muestra más de la falta de dirección política del Brexit, que hará difícil cumplir el calendario previsto o incluso llegar a un acuerdo para una salida ordenada.
LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS Bruselas limitará los movimientos de los británicos si Londres lo hace con los europeos EL COSTE DE LA SALIDA los británicos han admitido obligaciones financieras con Europa, pero no negocian aún