El FMI y Toledo
Cuando el agua suena… Y lo que suena es que la hucha de la Seguridad Social está a punto de agotarse. Entonces surge la cuestión: ¿son demasiado generosas nuestras pensiones? El Gobierno responde con los hechos: sí. Y, por ello, promete un aumento anual de 0,25%, que es lo mismo que reducirlas. El FMI acaba de respaldar esta política, y lo mismo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pero, dada la tendencia cainita del país a tirarse los trastos a la cabeza, no debe sorprender que la oposición prometa lo contrario. Dada la falta de consenso, el pacto de Toledo se ha dado unas vacaciones.
Pero en este crítico asunto, haríamos bien en poner las cartas encima de la mesa, no jugar con la población y explicar sin ambages dónde estamos y qué nos espera. ¿Y dónde nos encontramos? Pues en una delicada situación en la que, pese a la práctica congelación de pensiones y el aumento del empleo, continúa un déficit entre ingresos por cotizaciones y gastos cercano a los 20.000 millones/año. Añadan a ello que las de viudedad, no vinculadas a cotización previa, suman una cifra parecida y tendrán, en el corto plazo, una aparente solución: apartarlas de la caja de pensiones y financiarlas directamente con impuestos, aunque ello implique desvestir un santo para vestir otro. Pero, al menos, sería el conjunto de la ciudadanía, y no sólo los cotizantes, la que tuviera la obligación de mantener el nivel de vida de nuestras viudas.
Pero incluso ese cambio no sería más que una solución transitoria. En los próximos años comienzan los verdaderos problemas: el inicio de la jubilación de la más numerosa generación de la historia del país (a razón de más de 700.000 nacimientos/año entre 1955 y 1975/80). Porque, ¡ay!, los que tengan que financiar sus pensiones serán los hijos de la caída de la natalidad: una cohorte de sólo 450.000/año. Además, desde un punto de vista agregado, tampoco resuelve nuestros problemas la sustitución de pensiones públicas por privadas, aunque individualmente tenga sentido el fomento de estas: sea cual sea su origen, no son más que transferencias de renta de hoy al futuro.
¿Existe salida? La hay, pero no es mágica. En el medio y largo plazo, los poderes públicos deberían fomentar aumentos de productividad, ayudas a la natalidad, alargamiento de la vida laboral, estímulo de la participación femenina, recualificación de parados y recurso a la inmigración. ¿Serán capaces nuestros gobernantes de gestionar tamaña complejidad? Lo dudo. Han tenido décadas para hacerlo, y no veo por qué deberían cambiar ahora.
Si no aumentamos sensiblemente la productividad de los ocupados y/o su número (sean residentes o inmigrantes), no hay más cera que la que arde: reducir las pensiones de hoy y endurecer su obtención para las de mañana. ¿Injusto panorama? Seguro. Pero un país que decidió no tener hijos y despreocuparse de la productividad decidió, quizás sin saberlo, que se enfrentaría al dilema que hoy nos aflige.
Una opción es apartar las pensiones de viudedad y financiarlas directamente con impuestos