Euskadi, en busca de más autogobierno
El Ejecutivo vasco quiere aprovechar la debilidad política de Rajoy, que necesita los votos del PNV para los presupuestos, con el fin de ampliar sus competencias
El fin al conflicto del cupo no ha frenado las expectativas vascas. Tras la garantía en Ajuria Enea de “15 años de paz fiscal”, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu quiere trasladar esa sintonía económica con Madrid al terreno estrictamente político. El cumplimiento del Estatuto de Gernika mediante la transferencia de las competencias pendientes es el próximo reto, una negociación factible en la situación de debilidad del Gobierno de Mariano Rajoy. A la práctica de la necesidad de los votos jeltzales para sacar adelante los presupuestos del Estado para el 2018, Madrid suma otro aspecto mediático: el carácter ejemplarizante del pacto como símbolo de encuentro con nacionalistas frente a la “ruptura” del proceso catalán.
Vitoria y Madrid ratificaron el pasado miércoles la ley quinquenal del cupo –que establece su cálculo hasta el año 2021–, un acuerdo que, sumado a la liquidación pendiente, pone fin a diez años de encontronazos. El deseo vasco de que el clima de entendimiento se prolongue parece garantizado, y esta misma semana pasada se escenificó con la visita de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a Euskadi, donde alabó esa sintonía, nacida de la necesidad.
Sin los votos de un PSOE dirigido de nuevo por Pedro Sánchez, el Gobierno central es consciente de la importancia de los cinco diputados del PNV con vistas a aprobar las cuentas del año que viene, cuyo proyecto debe presentar a finales de septiembre. A la pura matemática parlamentaria se suma otra cuestión más: el referéndum de Catalunya.
Contra las críticas por no buscar soluciones políticas al conflicto, Rajoy quiere proyectar la imagen de que, dentro de la ley, hay margen para el acuerdo con nacionalistas. El propio presidente del Gobierno usó recientemente los pactos con Euskadi como ejemplo de modelo de actuación frente a la “radicalización” de Catalunya. La campaña fue secundada por Sáenz de Santamaría en Vitoria: “Euskadi está contribuyendo a la estabilidad de España a través de importantes acuerdos; los gobiernos que apuestan por el extremismo y fanatismo, sin embargo, se acaban aislando”, advirtió en referencia a la Generalitat.
A pesar de que en el seno de Sabin Etxea no sienta bien la comparativa, el PNV está dispuesto a exprimir su situación en el tablero político para lograr el mayor número de contrapartidas posible para el territorio. La agenda vasca, insisten, tiene unas reclamaciones “prioritarias” en la transferencia de las competencias pendientes para cumplir con el Estatuto de Gernika. De la veintena no satisfechas, sobresalen especialmente tres: la gestión de la Seguridad Social, los centros penitenciarios y los ferrocarriles. “Si hubiera voluntad por parte del Gobierno, podrían transferirse ahora mismo”, aseguró el portavoz vasco, Josu Erkoreka.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, enfrió, sin embargo, las aspiraciones de Vitoria en cuanto a la Seguridad Social, defendiendo en Vitoria la caja única de un modelo “solidario y sostenible en el tiempo”. Lo que sí se ha garantizado es un avance en cuanto a la administración de los ferrocarriles, con la cesión a Euskadi de dos de los once tramos que reclama para dar por cumplida esta competencia.
Más allá de estas tres materias –vitales para decidir el apoyo del PNV a la negociación presupuestaria del 2018–, el Gobierno vasco insiste en que el ensanchamiento del autogobierno tenga su reflejo en una relación bilateral, de tú a tú, motivo por el que no acudió a la conferencia de presidentes de enero y se ausentó también el pasado lunes de su comisión de seguimiento.
El Ejecutivo de Urkullu quiere, a su vez, un mayor entendimiento en asuntos de paz y convivencia, más aún después del recurso interpuesto por Madrid contra la ley de reparación de abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999, una denuncia que todavía escuece. Para avanzar en la normalización, en Ajuria Enea se reclama además el fin de la dispersión de presos de ETA una vez que la banda está ya desarmada, una petición que, se insiste, está fuera de la negociación presupuestaria.
TRANSFERENCIAS PENDIENTES Los nacionalistas vascos reclaman Seguridad Social, prisiones y ferrocarriles VITORIA-MADRID, DE TÚ A TÚ Tras la paz fiscal, Urkullu subraya el deseo de sellar una relación bilateral