La confesión del maltratador dejará por fin de ser un atenuante
Acuerdo político para prevenir y sancionar los ataques machistas a las mujeres y para proteger a las víctimas
Han tenido que pasar casi dos décadas para que los representantes políticos se pusieran de acuerdo en abordar una cuestión de calado, como es el asesinato de casi 900 mujeres en quince años, y suscribir un pacto de Estado contra la violencia machista.
Se trata del primer pacto de Estado que se logra en España desde el año 2000, cuando las fuerzas políticas sentaron las bases del fin de ETA. El acuerdo para acabar con la violencia machista prevé unas doscientas medidas y una dotación presupuestaria de unos mil millones para los próximos cinco años.
La subcomisión del Congreso creada para redactar un documento de consenso dio anoche el visto bueno al pacto, que será ratificado en comisión parlamentaria el próximo viernes. No es un texto que a todos agrade, pero sí el que más posturas acerca y que se espera que ayude a poner un punto y final ante las agresiones machistas. Todos coinciden en que el pacto podría haber estado vigente desde hace años, pero ha faltado voluntad política. Ahora habrá que esperar que la voluntad política se traduzca en voluntad real de cambio social.
El acuerdo contempla un campo de aplicación mucho más amplio del que se planteó en el 2014. La socialista Elena Valenciano pidió entonces un acuerdo de nivel a la ministra Ana Mato, sin respuesta de esta. Ahora, por primera vez, la violencia de género no se circunscribirá sólo al entorno de la pareja, sino que se ampliará a aquellos ataques a la mujer por el hecho de ser mujer, sea cual sea el campo en el que produzcan (ámbito laboral, social...). De esta manera, delitos como las violaciones, abusos sexuales o forzar a una mujer a la prostitución serán considerados delitos machistas. También la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la mutilación femenina.
Este es un punto fundamental del pacto, que España estaba obligada a introducir tras suscribir el Convenio de Estambul del 2014, y que ha suscitado una fuerte controversia en el seno de la subcomisión por su
encaje en la norma vigente. Al final, la ley del 2004 no será derogada, como pedían algunos grupos (entre ellos, Podemos), y sí reformada, con disposiciones adicionales para incluir los nuevos delitos de violencia de género.
Durante meses, los representantes de los partidos han escuchado a los expertos y han elaborado sus propias propuestas. La idea de algunos de que el pacto no entrara en excesivos detalles (el caso del PP) provocó la airada reacción del resto, que consideraba que el documento debía ser “mucho más que un documento de intenciones”, como explica la diputada socialista Ángeles Álvarez. Hasta en tres ocasiones se ha tenido que pedir una prolongación de los trabajos de una subcomisión que en varios momentos ha estado a punto de dar carpetazo a la búsqueda del pacto.
La última vez, el pasado viernes, cuando el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dio por hecha la aprobación de un texto que aún estaba en fase de estudio. Las ansias del PP de informar sobre el primer pacto de legislatura, símbolo de la voluntad de diálogo del Gobierno, casi da al traste con el acuerdo. Eso, y la coincidencia en el tiempo de la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo sobre el caso de la presunta financiación irregular de su partido. Algunos portavoces estaban muy molestos por el uso político que se estaba haciendo de la aprobación del documento.
Pero, al final, llegó el acuerdo acompañado del compromiso de aportación de unos 1.000 millones de euros en cinco años (el financiero ha sido otro escollo importante). Un texto de 70 páginas y unas 200 medidas, la mayoría técnicas, que encierran la voluntad de acabar con la violencia machista, aquella que está amparada en la dominación masculina y en la cosificación de la mujer, según señalan los autores del documento, entre los que hay representantes de todos los partidos.
¿Se acabará realmente la violencia machista? Los expertos consideran que el acuerdo suscrito es un primer paso, que luego ha de materializarse en el trámite parlamentario posterior en septiembre. “Es un pacto tardío y desenfocado, que recoge las medidas que desde distintos ámbitos, como el judicial o policial, se han ido señalando pero que debe ir dirigido a transformar la realidad. Si no es así, no resultará efectivo”, indica Miguel Lorente, forense especialista en violencia de género de la Universidad de Granada. “Cada año 60 hombres nuevos surgen de la normalidad y del día a día y matan a sus parejas o exparejas. Esto no es un problema puntual sino un problema social que hay que combatir desde la raíz”, apunta.
Clave en este punto es todo lo referido a la educación. Según el texto aprobado, la cultura en igualdad y contra el machismo se incluirá en todas las etapas de la educación, aunque sin especificar ni el modo ni la forma. O la implicación de los profesionales sanitarios en la prevención de la violencia de género a través de cribados, ya que está constatado que el 100% de las mujeres que sufren violencia de género pasan por las consultas de los médicos.
El texto incluye medidas sobre formación a todos los profesionales implicados, más protección y ayudas a las víctimas y especial atención a los menores, tanto económico como psicológico. Porque prevenir es la clave, pero no se puede olvidar el resarcimiento de las víctimas, indican expertos que han participado en la subcomisión.