La lista y la vida
Hace sólo 30 años que Jordi Oliva, sin prisa, sin pausa, elabora una lista. Se lo ha currado en archivos militares y registros civiles. Conozco a pocos investigadores con una vocación tan desprendida como este profesor de secundaria. Si el Centre de Història Contemporània tiene dinero para ayudarlo, mejor. Si no, cuando ha sido necesario, se ha pagado la estancia de su bolsillo. El proyecto, activado a mediados de la década de los 80, quizás sea el motor de su vida. La idea inicial fue de su maestro Josep Benet y Oliva lo coordina desde hace mucho tiempo. En él han participado, como mínimo, 150 historiadores. Primero aún se podía tirar de memoria oral; así él hizo su trabajo pionero sobre la comarca de la Segarra. Ahora, el grueso del trabajo sólo puede progresar en los archivos.
Objetivo: establecer una lista, tan exhaustiva como sea posible, de los muertos y desaparecidos catalanes como consecuencia de la Guerra Civil. Muertos en uno y otro bando. En la retaguardia, en los campos de reclusión del exilio. Todos los muertos. Sin diferencias. No hay buenos ni malos. Nombre, apellidos, día y lugar de defunción. Hombres y mujeres. Tienen fichados 53.493. Y algunos millares pendientes de añadir.
Ahora, Oliva ha pasado tres semanas en Salamanca. La cosecha no ha sido muy provechosa. Un día, por ejemplo, abrió 50 cajas. Toda una jornada de trabajo para sumar sólo 12 nombres a la base de datos del coste humano de la guerra. Pero, ya se sabe, así es la investigación dura. Hace progresar el conocimiento paso a paso, asumiendo que a menudo sólo se adelanta con la silenciosa meticulosidad de la hormiga. Claro que un nuevo nombre, sólo uno, salva a un individuo de la nebulosa del olvido. Así la lista de su vida redobla su sentido. La investigación sigue en curso, pero atraviesa un momento crítico: hay quien exige que le sea entregada toda la lista a cambio de nada. La demanda parece que la ampararía la ley de Transparencia. Los técnicos no saben exactamente qué hacer. Convendría, por respeto a los investigadores, que la Administración velara por la propiedad intelectual de una investigación realizada por generaciones de historiadores.